El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para la construcción de una macrogranja porcina en el municipio leonés de El Burgo Ranero.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, da así luz verde a una instalación con capacidad para 2.640 cerdas con lechones de hasta 20 kilos, 500 cerdas de reposición y 6 verracos. El proyecto estima que los 3.146 animales generen 17.443 metros cúbicos de purines al año.

La resolución de la Junta considera que la macrogranja es "ambientalmente viable" siempre que se cumpla con las condiciones técnicas. El proyecto, que cuenta con el rechazo ciudadano y del Gobierno municipal, necesitará una autorización específica para superar los límites de capacidad establecidos para las explotaciones porcinas intensivas, recoge EFE.

La instalación promovida por la empresa Danakil Studios y Proyectos S.L., con sede en Madrid, ocupará una parcela de 148.141 metros cuadrados en el entorno de las localidades de Villamuñío y Villamarco.  Tendrá naves de gestación, partos y destete, áreas auxiliares y dos balsas cubiertas para almacenar purines, cada una con 7.041 metros cúbicos de capacidad, conformando una superficie construida de un total de 18.310 metros cuadrados. El sistema permitirá almacenar excrementos durante cerca de 9 meses.

Los purines se emplearán íntegramente para el abono de 584,98 hectáreas agrícolas acreditadas por la empresa, con parcelas de secano y regadío ubicadas en un radio inferior a 15 kilómetros. Aunque según apunta Ecologistas en Acción, se desconoce el "plan de gestión de deyecciones ganaderas", que no fue sometido a información pública, y puede afectar a la contaminación de los acuíferos de la Comunidad.

El estudio ambiental prevé que la granja genere anualmente 44 toneladas de metano, unas emisiones de casi 16 toneladas de amoniaco, y más de 100 kilos de óxidos nitrosos.

Entre las condiciones técnicas, la resolución del Ejecutivo autonómico obliga a reducir la proteína en la dieta, a cubrir las balsas, a ventilar adecuadamente y a utilizar los sistemas de aplicación de purines con mangueras de arrastre. Se prohíbe su extensión en fines de semana y festivos, y se exige su enterramiento inmediato.

La estimación del consumo anual de agua, pendiente de autorización por parte del organismo de cuenca, es de 24.793 metros cúbicos.

Alegaciones contra la macrogranja

El proyecto ha recibido alegaciones por parte del Ayuntamiento de El Burgo Ranero, de asociaciones locales como la plataforma Payuelo Libre y de particulares, que alertaron sobre el impacto del tráfico de camiones, los malos olores, el tamaño de la instalación y la afectación al turismo rural y cultural. Se teme que la macrogranja afecte a los peregrinos y a los negocios que se benefician del paso del Camino de Santiago por El Burgo Ranero.

Además, los informes sectoriales reconocen la presencia en la zona de especies protegidas como la avutarda, el sisón, el aguilucho cenizo y la ganga ortega, aunque concluyen que la explotación no afectará a la Red Natura 2000 si cumple las condiciones impuestas.

También se exige un control arqueológico durante los movimientos de tierra debido a la sensibilidad patrimonial del entorno.

La empresa promotora deberá llevar a cabo un programa anual de vigilancia ambiental, instalar tres piezómetros para controlar la calidad del agua subterránea y comunicar las fechas de inicio y finalización de las obras.

La autorización tendrá una vigencia de cuatro años, quedando sin efecto si no se inicia la ejecución en ese periodo.