Cuatro personas investigadas por homicidio imprudente en el accidente minero de Cerredo

Levantado el secreto de sumario del caso, se conoce que el juzgado imputa a los propietarios de la empresa por el fallecimiento de los cinco trabajadores leoneses

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Cuatro personas investigadas por homicidio imprudente en el accidente minero de Cerredo
Captura de la comparecencia de Chus Mirantes en la comisión de investigación en el Parlamento Asturiano por el accidente minero de Cerredo. RTPA
El autor esPatricia  Izquierdo Pérez
Patricia Izquierdo Pérez
Lectura estimada: 2 min.

El Juzgado de Cangas de Narcea investiga a cuatro personas por el accidente de la mina de Cerredo en el que perdieron la vida cinco trabajadores leoneses el pasado 31 de marzo de 2025.

El juez instructor imputa en estos momentos a los propietarios de la empresa explotadora por cinco delitos de homicidio imprudente derivados de la muerte de los mineros de Laciana y El Bierzo, y otros cuatro de lesiones, sucedidos en la explosión de gas grisú de la mina asturiana. 

Sin haber finalizado la comisión de investigación en el Parlamento del Principado por el trágico accidente, pero habiendo comparecido ya el grueso de los implicados, el juzgado ha levantado el secreto de sumario y ha dado a conocer los nombres de los investigados. Se trata del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, su mujer, su hijo, y el director facultativo, José Antonio Fernández Casillas.

Según la información judicial recogida por EFE, se investiga la responsabilidad de Chus Mirantes como apoderado de Combayl, sociedad que había traspasado los derechos mineros de la explotación a Blue Solving, del mismo entramado empresarial, un tiempo antes del suceso.

Su mujer, Ana María Rodríguez, figuraba como administradora de Combayl, mientras que el hijo de Mirantes, Adrián Rodríguez tenía ese puesto en Blue Solving. Sin embargo, el juzgado considera que Chus Mirantes era el encargado de la administración en el entramado empresarial. Ninguno de los tres investigados respondió a las preguntas de los diputados en la comisión constituida.

Tampoco lo hizo el director facultativo de la explotación en el momento del accidente, José Antonio Fernández Casillas, cuyo cargo le compromete como máximo responsable de la seguridad de la mina.

Estas cuatro personas están siendo igualmente investigadas por un delito contra los derechos de los trabajadores, y se ha ordenado un embargo de 1.150.000 euros de sus cuentas como medida cautelar, de acuerdo a la información adelantada por la Radiotelevisión Asturiana.

Según las pesquisas, la explosión de gas grisú se produjo cuando once mineros se encontraban extrayendo carbón en el interior de la explotación. La empresa titular en ese momento, Blue Solving, no contaba con permiso para realizar esos trabajos y solamente podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.

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