La Justicia condena a la residencia Clece Vitam Otazú de León por el fallecimiento de un residente con alzhéimer

La Audiencia Provincial de León estima la responsabilidad civil del centro en la muerte del anciano ocurrida en 2019, horas después de su ingreso

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La Justicia condena a la residencia Clece Vitam Otazú de León por el fallecimiento de un residente con alzhéimer
Residencia de mayores Clece Vitam Otazú en León
El autor esPatricia  Izquierdo Pérez
Patricia Izquierdo Pérez
Lectura estimada: 2 min.

La Audiencia Provincial de León ha condenado a la residencia para mayores Clece Vitam Otazú, situada en el centro de León, por la muerte de un paciente en 2019, según desvela el despacho Serrano Abogados y recoge la agencia Ical. La sentencia firme reconoce la negligencia del centro en el fallecimiento de un paciente de alzhéimer y lo condena por su responsabilidad civil.

Los hechos se produjeron el 15 de enero de 2019, tan solo unas horas después del ingreso del hombre en la residencia. Según informan desde el bufete de abogados, el anciano, con alzhéimer avanzado, fue dejado solo en estado de agitación y sin las medidas de seguridad pertinentes para su diagnóstico. El paciente se precipitó desde la quinta planta por una ventana que no estaba bloqueada.

La instrucción penal del caso fue archivada sin que se tomara declaración a los empleados implicados en los hechos y sin que se aportasen las grabaciones de seguridad. La familia acudió entonces a la Audiencia Provincial, que reabrió parcialmente el caso, aunque la vía penal quedó cerrada sin dictaminar responsabilidades.

"Es una victoria amarga, porque nadie nos va a devolver la vida de mi padre, pero esta sentencia reconoce por fin la responsabilidad de la residencia y puede servir para proteger a otras familias", ha apuntado Marcos Fernández, el hijo del fallecido. "Nuestro objetivo siempre ha sido que se conozca que hubo una negligencia grave a pesar de los intentos de cerrar el caso sin investigar y que no vuelva a repetirse".

La familia hace un llamamiento a las administraciones públicas para que se cumplan los protocolos, la supervisión y la rendición de cuentas en los centros de mayores, especialmente en aquellos en los que residen personas con deterioro cognitivo severo.

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