Las asociaciones de jueces y de fiscales han mostrado división de opiniones respecto a la atribución a la Fiscalía de la instrucción de las causas penales, actualmente competencia de los juzgados, que recoge el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno. En caso de que las Cortes aprueben la modificación, los jueces perderían la instrucción de los casos penales en favor de los fiscales, informa la Agencia EFE.

"Demasiadas dudas"

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, María Jesús del Barco, estima que los jueces deben seguir llevando la instrucción ya que están dotados de "imparcialidad y no tienen dependencia jerárquica" como los fiscales.

María Jesús del Barco ha comentado, en declaraciones a EFE, que se trata de una reforma que requeriría por su importancia de consenso y considera que en este momento es "una iniciativa del Gobierno contra la otra parte de la representación parlamentaria".

En todo caso ha indicado que con una regulación en la que el fiscal general del Estado depende del Gobierno "parece difícil" asumir esta reforma pues "siembra demasiadas dudas sobre su independencia" y "no parece el momento idóneo para hacerlo".

El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, considera que plantear ahora una reforma tan profunda de la justicia es un error. "En un país tan polarizado como el nuestro entregar la investigación penal a los fiscales sin garantizar su autonomía real supone un riesgo enorme de politización", ha añadido.

Y ha advertido de que "una ley así exige blindar la imparcialidad de los fiscales y sobre todo un gran consenso que hoy no existe".

Independencia del fiscal

Sin embargo, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, defiende que el proyecto "de aprobarse modernizará el proceso penal y permitirá que la Fiscalía investigadora, auxiliada por la Policía Judicial, sustituya la figura del juez instructor que ha de pasar a ser un juez de garantías de los derechos de las partes". En opinión de Rodríguez, "el proyecto cambia el modelo de investigación y abandona los resabios inquisitivos del actual sistema".

Recuerda que "en la actualidad el juez instructor, al tiempo que investiga, decide si hay justificación para ir a juicio, mientras que con el proyecto el juez de garantías no participa en la investigación y no toma partido, resolviendo con independencia si el proceso penal debe continuar o no, con lo que no se contamina por su propio trabajo previo para resolver sobre la suficiencia de una imputación". 

Además, el portavoz de JJpD sostiene que las reformas que se proyectan "garantizan la independencia del fiscal". "Por un lado ya no coincidirá el mandato del Gobierno de turno con el del fiscal general prohibiéndose al Ejecutivo que le haga indicaciones sobre asuntos concretos, y por otro el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permitirá que se discuta en junta de fiscales las decisiones de más relevancia y que se puedan confrontar las decisiones que puedan adoptarse", manifiesta.

Injerencia política

El presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, se ha mostrado contrario al proyecto de ley porque "los jueces son independientes y solo tienen sumisión a la ley, mientras que los fiscales son excelentes profesionales pero tienen dependencia jerárquica de sus jefes y el Gobierno nombra al fiscal general". "En estas condiciones, dar la instrucción a los fiscales aumenta el riesgo de injerencia política en los casos de corrupción", ha estimado.

En este sentido cree que para llevar a cabo una iniciativa como la que se plantea "sería necesaria una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantice su imparcialidad y que los fiscales jefes no puedan dar instrucciones o apartar a fiscales".

La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, Cristina Dexeus, cree que "no es el mejor momento para esta iniciativa".

"Es inoportuna dada la situación de debilidad parlamentaria del Gobierno ya que se trata de un texto tan relevante que debería aprobarse en el marco de un pacto de Estado al menos consensuado con el principal partido de la oposición", ha opinado Cristina Dexeus. Y en todo caso señala que el nuevo modelo debería ir dotado de los medios personales suficientes para aplicarlo con responsabilidad.

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín, sí está de acuerdo con el proyecto ya que considera que dotará a la instrucción penal de agilidad y eficacia, y ha coincidido en que debe contar con los medios materiales y personales suficientes.

Por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), su presidente, Miguel Pallarés, sí comparte el cambio de modelo pero advierte de que requiere de una reforma profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "Hay que desanclar al fiscal general del Poder Ejecutivo" y que su nombramiento sea consensuado por una amplia mayoría, así como "blindar" al fiscal encargado de cada caso para que no pueda recibir órdenes concretas sobre el mismo.