El camino hacia la igualdad en el campo parece abrirse paso con una presencia, aún reducida pero cada vez mayor, de mujeres que deciden emprender en la agricultura, sin embargo en algunas zonas rurales su aportación sigue siendo vista como una extensión de las tareas domésticas y no siempre gozan de la retribución que les corresponde.

Para combatir estas situaciones surgieron hace unos años leyes como la de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, una norma dirigida a fomentar la igualdad del trabajo en el campo y a mejorar con ello la situación del sector agrícola que algunas instituciones pretenden ahora relanzar como una herramienta también contra la despoblación, convencidos de que "cuando la mujer se ancla al territorio, la familia se queda".

La ley, surgida en el 2011, permite incluir en el registro a las mujeres que aparecían en la categoría de "ayuda familiar" junto a sus cónyuges. Por aquel entonces, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cifró entre 30.000 y 60.000 las explotaciones agrarias potencialmente beneficiarias en España.

Sin embargo, a fecha de diciembre del 2022, el total de explotaciones inscritas en el país eran 1.059, de las que 38 se ubican en Andalucía, pese a que es el territorio del país con mayor volumen de producción agraria -casi el 30 % del total nacional- y solo tres en provincias con una amplia tradición rural como Granada.


EL CAMPO COMO EXTENSIÓN DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS

El objetivo final es visibilizar a las mujeres como trabajadoras agrarias, profesionalizar su actividad y dar apoyo a la agricultura familiar mejorando la participación femenina para, en definitiva, fomentar la igualdad y la calidad de vida del medio rural.

La explotación agraria de titularidad compartida es una unidad económica sin personalidad jurídica pero con efectos fiscales que se constituye por un matrimonio o pareja de hecho para la gestión conjunta de la misma.

Ambos pueden ejercer en igualdad de condiciones la representación, gestión y administración de la explotación, cuyos rendimientos se reparten al 50 % y tanto el uno como el otro son beneficiarios directos las ayudas, además de contar con el acceso a bonificaciones y deducciones en las cuotas a la seguridad social.

Eso es lo que ha llevado a parejas como a Alfonso Pérez y Francisca López a optar por la titularidad compartida de una explotación de olivos en Moclín (Granada), una forma de que ella, que "lleva las cuentas pero también trabaja moviendo los fardos, como cualquier otro", vea retribuido y reconocido su trabajo a todos los efectos, ha relatado a EFE este matrimonio, que se queja no obstante de la complejidad administrativa que conlleva la inscripción.