La Junta de Castilla y León, junto con varias organizaciones profesionales agrarias, ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a remitir a la Comisión Europea el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, que califica su situación como "favorable" en las regiones atlántica y mediterránea.

El Ejecutivo autonómico asegura haber evaluado la gestión del lobo en España y, específicamente, en Castilla y León, tomando en cuenta las recientes modificaciones normativas tanto a nivel europeo, con la Directiva Habitat, como en el ámbito estatal, con la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Estas reformas permiten una mayor flexibilidad en la gestión de la especie, incorporando todas las poblaciones de lobo en el Anexo V de la Directiva Habitat, lo que habilita a las comunidades autónomas a adoptar medidas de control.

Además, la ley contra el desperdicio alimentario excluyó a las poblaciones de lobo al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, mientras que las del sur se mantendrán protegidas hasta que la Directiva se modifique. Con la actualización ya aprobada, todas las poblaciones de lobo en Castilla y León están ahora en el Anexo V, pero la Junta lamenta que no se pueda autorizar la caza si el estado de conservación sigue apareciendo como "desfavorable" según el informe sexenal anterior.

El informe sexenal aprobado el 14 de julio por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad confirma que el estado del lobo es favorable tanto en la región atlántica como en la mediterránea. Sin embargo, el Gobierno central aún no ha enviado el documento a Bruselas, alegando la necesidad de evaluar los efectos de los incendios forestales, un argumento que la Junta considera innecesario, ya que el informe cubre los años 2019 a 2024.

En paralelo, la Junta se ha comprometido a revisar y actualizar los baremos de compensaciones por daños de lobo de 2023, adaptándolos a los valores actuales de mercado. Para ello, se convocarán nuevas reuniones con el sector ganadero para definir los nuevos criterios y reforzar el apoyo a los afectados.

Tanto la Junta como las organizaciones agrarias insisten en que el Ministerio cumpla con sus obligaciones legales y europeas, evitando retrasos que, según señalan, perjudican la gestión sostenible de la especie y al sector ganadero regional.