Un juez de Tudela (Navarra) ha considerado que hay indicios suficientes para enjuiciar a cinco personas de dos familias por la supuesta venta en 2025 de una menor de Corella de 14 años, obligada a contraer matrimonio a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida.

Además, el magistrado sostiene que, tras el enlace, el marido y los padres de este indujeron a la víctima a practicar la mendicidad en localidades de la provincia de Lérida, ha informado el TSJN.

En el auto de procesamiento, que puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra, el juez de Tudela considera los hechos como constitutivos de un delito de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonio forzoso y práctica de mendicidad respecto de una menor de edad, recoge la Agencia EFE.

El 20 de agosto de 2025, según relata el juez en su auto, agentes de la Policía Local de Corella identificaron al progenitor, quien les habría manifestado que había vendido a su hija por 5.000 euros "a un gitano rumano con domicilio en Lérida".

Una testigo declaró a los agentes de la Guardia Civil que el padre de la adolescente le había dicho que iban a venderla por 10.000 euros, pero que finalmente el precio consistió en 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida.

En la causa, añade el magistrado, hay grabaciones procedentes del perfil de Instagram de la madre de la niña, en las que se ve a esta junto con su supuesto marido participando en "una celebración en la que el primero entrega un anillo a la segunda mientras dice sí".

Según recoge el auto, también hay grabaciones en las que se ve a la madre de la víctima "exhibiendo, el 24 de febrero, gran cantidad de dinero, fraccionado en billetes".

Los procesados, según reza la resolución judicial, reconocieron en el juzgado que la menor y su presunto esposo eran pareja y que habían adquirido un compromiso para contraer matrimonio.

Asimismo, el magistrado destaca que la adolescente fue localizada en al menos dos ocasiones practicando la mendicidad en las localidades de Borges Blanques y Bellpuig.

En el auto de procesamiento, el juez emplaza a los cinco encausados para que presten las correspondientes declaraciones indagatorias previstas en este tipo de procedimiento, que se llevarán a cabo el 9 de junio.

Los procesados continuarán, como hasta la fecha, en situación de libertad provisional al considerar el magistrado que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su momento para su adopción.