El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León ha ordenado al Ayuntamiento de Ponferrada "el cese inmediato de cualquier actividad" de su red de calor por "operar sin las garantías ambientales debidas". El pasado mes de julio, una sentencia de este juzgado ordenaba la paralización de la central de biomasa y anulaba los permisos, atendiendo a la denuncia presentada por la organización ecologista Bierzo Aire Limpio y por la Asociación de Vecinos de Compostilla, el barrio ponferradino donde se ubica la planta de producción de energía térmica.

El pasado martes 4 de noviembre, el juez ha emitido un auto que estima parcialmente la ejecución provisional de la sentencia. La resolución obliga al ayuntamiento berciano a suspender de forma inminente el funcionamiento de la red de calor de Ponferrada. Sin embargo, el texto precisa que no procede la paralización de las obras, ya que la construcción está finalizada.

El juzgado responde así a la petición de los demandantes, que alegaban que la actividad de la planta incineradora de biomasa entraña un riesgo medioambiental y para la salud de los vecinos, al no haber superado una evaluación ambiental integral. Se determina de este modo la ejecución provisional para evitar los daños irreversibles que podrían derivarse de la espera hasta que se produzca una sentencia judicial firme.

Tras la sentencia, el consistorio argumentó que miles de usuarios se verían afectados por el cierre de la central, ya que varios edificios municipales, entre ellos colegios, la Casa de la Cultura o una residencia de ancianos, se encuentran actualmente conectados a la red de calor, cuya instalación implicó una inversión de 12,5 millones de euros.

El auto judicial reconoce que el perjuicio es "cierto, grave e inmediato", pero es, "en esencia, económico y organizativo", de modo que, según la disposición del magistrado, tendrán que ser el propio Ayuntamiento de Ponferrada y la empresa pública Somacyl quienes proporcionen "medios alternativos—calderas de gasóleo o gas— que garanticen la continuidad del servicio".

Además, el juzgado exime a las asociaciones del pago de una caución de 255.000 euros solicitado por el Gobierno municipal, al entender que Bierzo Aire Limpio y la asociación vecinal actúan "en defensa del interés público".

El colectivo ecologista celebra nuevamente una 'victoria' judicial en pocos días. La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León abrió diligencias penales contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para investigar las presuntas negligencias en la gestión de los incendios de verano en la comunidad, tras la denuncia presentada por Bierzo Aire Limpio.