La Guardia Civil investiga a un hombre por un supuesto delito de tenencia ilícita armas en el marco de una operación contra la caza furtiva en el Parque Natural de Babia y Luna.

El Seprona de Villablino ha llevado a cabo varias actuaciones en el mes de octubre en la comarca de Babia con el objetivo de controlar las actividades relacionadas con la caza ilegal. Como resultado, se ha intervenido un rifle ilícito desmontable con silenciador, de fácil ocultación, así como dos visores térmicos y una cabeza de rebeco hembra.

La Guardia Civil ha instruido diligencias al hombre investigado por posesión del rifle que carecía de documentación y cuyos números de serie habían sido borrados. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de León y se han tramitado las correspondientes denuncias administrativas por infracciones al Reglamento de Armas.

Además, las autoridades han identificado a ocho personas y varios vehículos, y han controlado siete rifles, uno de ellos de gran precisión y alcance, con un calibre de 6.35, un arco, y diverso material para la caza, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.

En el marco de la operación HYBICUM, desarrollada en distintas regiones del país, se ha propuesto la sanción de cinco cazadores de León, Córdoba y Madrid por incurrir en infracciones como la tenencia de medios prohibidos y de trofeos de caza sin precinto requerido.

La actividad ilegal en este ámbito, recuerdan desde la Subdelegación del Gobierno en León, causa desequilibrios en los ecosistemas y en las poblaciones de algunas especies, y perjudica económicamente a las poblaciones al devaluar los precios de la caza regulada.

Los cazadores se enfrentan a sanciones administrativas de hasta 2.000 euros y retirada de la licencia por no realizar el precintado de la pieza, así como la posible indemnización del animal abatido, que en el caso del rebeco cantábrico asciende a 5.000 euros por ejemplar.

Otras faltas como la utilización de visores térmicos durante la caza, pueden ser sancionadas con una multa de hasta 10.000 euros, la retirada de la licencia y la imposibilidad de obtenerla en los tres a cinco años posteriores.