El 28 de octubre de 2013 seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa fallecieron en el Pozo Emilio del Valle, en el municipio de La Pola de Gordón, a causa de un escape de gas grisú. Doce años después, familiares y amigos de las víctimas han protagonizado una marcha por las calles de León a modo de homenaje para los fallecidos y, sobre todo, de reivindicación, porque pasado este tiempo, no se ha dictado una sentencia que determine la responsabilidad de los 16 acusados por homicidio y lesiones imprudentes.

Hizo falta casi una década para que el siniestro llegara a los tribunales. El juicio quedó visto para sentencia en marzo de 2023, y dos años y medio después no se ha emitido un fallo. La jueza encargada del caso se encuentra de baja desde entonces.

"Los 16 responsables, los mandos de la empresa trabajaron impunemente por cinco años hasta que cerró", ha criticado Manuel Moure, padre de uno de los fallecidos, que encabeza incansablemente las protestas. Los familiares se muestran profundamente desencantados con la Justicia; "antes creía poco, ahora nada", apunta Moure. Sin embargo, no se dan por vencidos y siguen exigiendo reparación para que su pérdida no caiga en el olvido. "Son todo recuerdos y se vive mal. No te repones. Yo recuerdo la llamada de teléfono como si la estuviera recibiendo ahora mismo. Te das cuenta de los años que van pasando, pero parece que estás en el mismo día", ha expresado la viuda de otro de los fallecidos.

La "mala suerte" jugó un papel importante en el retraso judicial, ha explicado Moure. La jueza asignada al caso fue la encargada de atender el asesinato de la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco. "Se olvidó lo nuestro y cogieron lo de la señora Carrasco. Digo yo, que si los mineros son políticos seguro que se habría resuelto a los tres días", se ha lamentado el padre del fallecido.

Moure, que también fue minero, ha remarcado que el accidente se podía haber evitado de haber atendido a la norma de 1992 "que dice que donde hay bóveda, no se puede echar más carbón. Así de sencillo".

El familiar, crítico con la investigación, ha señalado a la Junta como "primera responsable del accidente". "Resulta que a la semana siguiente del accidente cambió al director de Energía y Minas. El actuario, que es el otro responsable siguiente, el que tiene que mirar por la seguridad de la mina, tomó declaración a tres trabajadores, se dio baja de dos años y luego y lo mandaron a los archivos de la Junta, no a su trabajo", ha relatado Moure en declaraciones recogidas por Ical.

En el aniversario del siniestro, los familiares y compañeros de los seis de Tabliza han portado velas, cascos de minero, carteles y una pancarta que exige 'justicia y reparación' y han marchado por las calles de la ciudad, desde la Catedral, en un recorrido con paradas ante la Diputación, la sede de la Junta y los juzgados. Los familiares de los mineros, impotentes ante la falta de sentencia, han honrado de esta manera la memoria de José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure.