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Ulibarri reconoce los delitos de fraude fiscal y blanqueo en el último juicio de la Gürtel
La Fiscalía pide 14 años de cárcel para el empresario, que busca rebajar la pena con su confesión
El último juicio del caso Gürtel, celebrado este lunes en la Audiencia Nacional, se ha saldado con la confesión de 20 de los 25 acusados de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El empresario de la construcción y de medios de comunicación, José Luis Ulibarri, y los cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo han optado por seguir la estrategia mayoritaria en esta decimotercera pieza de la macrocausa y han reconocido su responsabilidad en ambos delitos con el objetivo de reducir las posibles penas.
En el caso del magnate burgalés, berciano de adopción, accionista de Radio Televisión Castilla y León, y propietario de El Mundo de Castilla y León y de varias cabeceras de la región, la Fiscalía pide para él 14 años de prisión por las mencionadas causas, a las que añade delitos contra la Hacienda Pública que Ulibarri no ha reconocido y que habría cometido para ayudar a Francisco Correa. Por su parte, las penas provisionales solicitadas por el Ministerio Fiscal para Correa y Crespo ascienden a 77 años de prisión, las mayores condenas para los líderes de esta macrocausa relativa a delitos fiscales y de blanqueo de capitales llevados a cabo por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del Partido Popular en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.
José Luis Ulibarri ya fue condenado en 2022 a un año y medio de cárcel mediante la sentencia de la Audiencia Nacional, en la causa Gürtel de Boadilla, ocasión en la que el procesado pactó igualmente con la Fiscalía Anticorrupción y logró recudir la pena inicial de 7 años de privación de libertad mediante la confesión de los delitos.
Este último juicio ha sentado en el banquillo a otro leonés, el exinspector de Hacienda Ramón Blanco Balín, que ha confesado su implicación en delitos fiscales, falsedad documental y blanqueo de capitales, y tras reparar parcialmente el perjuicio económico causado a la Hacienda Pública, afronta una pena de dos años y cuatro meses de prisión.
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