Tres veces ha sido autorizado el parque eólico leonés de Peña del Gato en su historia, y otras tres veces ha sido anulada su licencia por los tribunales. El último varapalo judicial para el complejo promovido por Energías Especiales del Alto Ulla y ubicado entre las comarcas de La Cepeda y El Bierzo, ha tenido lugar el pasado jueves, con la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de León.

El fallo recogido por EFE, confirma nuevamente las carencias evaluativas de la instalación y los riesgos que entraña para el urogallo cantábrico, especie en Peligro Crítico de Extinción.

El proyecto tramitado por la Junta de Castilla y León, formado por 25 aerogeneradores distribuidos en las localidades de Torre del Bierzo, Igüeña y Villagatón, ha funcionado de manera intermitente desde 2009, con sentencias judiciales que lo paralizaron durante años, la anterior emitida por el Tribunal Supremo en 2015.

En 2022, el Ejecutivo autonómico reaprobó la licencia del conocido como nudo eólico de Villameca, donde se encuentra el mencionado parque. Ahora, la Justicia vuelve a declarar la ilegalidad de Peña del Gato por considerar que la Declaración de Impacto Ambiental tramitada hace tres años no cumplía con la evaluación retrospectiva y prospectiva requerida legalmente para proyectos ya construidos, y en cuya formulación no se abordan adecuadamente los potenciales riesgos para una especie protegida como es el urogallo cantábrico.

La Justicia admite así el recurso interpuesto por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, colectivo ecologista que obtuvo la financiación necesaria para el litigio mediante la colaboración ciudadana, con un crowdfunding en el que participaron más de 800 personas de distintos puntos del país.

Desde Cordal Abogados, firma que representa a los demandantes, consideran "intolerable" que la Junta insistiera en autorizar una instalación que no cumple con los requisitos legales, según la sentencia del alto tribunal.

El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica reclama el desmontaje inmediato del parque eólico y la dimisión del jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, Fernando Bandera, responsable de las autorizaciones. Además, insisten en que la Junta no recurra la sentencia.

Las instalaciones se ubican en un hábitat potencial del urogallo, hecho confirmado por la aparición de un ejemplar muerto en las proximidades de un parque vecino. Con anterioridad a los meses estivales, la población de urogallos cantábricos estaba censada en 209, y tras los incendios forestales el hábitat de esta especie se ha visto seriamente afectado con la quema de un 30% de su área de distribución en Asturias y un 13% en León, según un informe de SEO/Birdlife.

La sentencia que anula la licencia del parque llega en medio del desarrollo del juicio por la 'Trama Eólica', que investiga la presunta red de corrupción en la Junta de Castilla y León por la que altos funcionarios cobraron, supuestamente, 75 millones de euros en mordidas por autorización de estos proyectos renovables entre los años 2000 y 2015.