El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo ha autorizado un permiso de tres días a Triana Martínez, condenada a veinte años de prisión por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, ocurrido en 2014.

Así lo ha adelantado este viernes el diario 'El Norte de Castilla' y lo han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La que fuera ingeniera en la Diputación provincial ha cumplido ya más de once años de su condena, y después de catorce solicitudes rechazadas a su abogado, la jueza le ha concedido el primer permiso penitenciario de tres días. La salida de la cárcel debe hacerse bajo ciertas condiciones que obligan a la reclusa a presentarse a diario ante la policía, a ser acompañada por un familiar o allegado, y a evitar acercarse o comunicarse con familiares de Carrasco.

Triana Martínez, condenada como cooperadora necesaria en el crimen de la presidenta del PP en León, cumple la pena en el Centro Penitenciario de Asturias junto a su madre, Montserrat González, autora material de los disparos, que confesó haber acabado con la vida de Isabel Carrasco y arrastra una sentencia de 22 años de prisión. Ambas fueron consideradas culpables por un jurado popular en uno de los juicios más mediáticos de las últimas décadas en España.

Durante el proceso judicial, Montserrat González, esposa de un inspector de policía de Astorga, confesó la autoría del asesinato a tiros, en plena calle, y afirmó que volvería a hacerlo porque Carrasco había hecho la vida imposible a su hija. La presidenta popular había despedido a Martínez, que ocupaba un puesto interino en la Diputación de León, y estaba obstaculizando su carrera política en el PP.

El pasado mes de enero, madre e hija remitieron una carta de arrepentimiento público al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo donde trasladaban sus "disculpas sinceras, plenas y absolutas" y aseguraban que su comportamiento "nunca jamás será doloroso para terceras personas". El escrito no sirvió a Martínez en primera instancia y, en marzo de 2025, la jueza le denegó una vez más el permiso de salida.

Por su parte, la tercera condenada por magnicidio, la agente de la Policía Local Raquel Gago, implicada por la ocultación del arma homicida durante más de treinta horas, ya disfruta del tercer grado penitenciario.