El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves la autorización ambiental para la instalación de una planta incineradora de biomasa en la ciudad de León. La Junta concluye de esta manera el proceso administrativo para la implantación de la red de calor en la capital que comenzó en septiembre de 2024 y ha generado un importante rechazo ciudadano, especialmente entre los vecinos de La Lastra y Puente Castro donde se ubicará la central.

El proyecto recibió 296 alegaciones durante su fase de información pública. Colectivos ecologistas, asociaciones, y cientos de vecinos de la zona se manifestaron en contra de la central de biomasa para prevenir el impacto de ruidos, olores, tráfico de camiones y problemas en el abastecimiento de agua, además de expresar preocupación por la salud de los ciudadanos con domicilios más cercanos a la planta.

Ecologistas en Acción presentó el pasado 22 de septiembre un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid contra la orden de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, por la que se aprueba la implementación de la red de calor de León como un Proyecto Regional de interés comunitario, y recurrió igualmente su declaración de impacto ambiental favorable.

El pasado martes, el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) José Ramón García, recriminó en el pleno de las Cortes al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la "improvisación, mala planificación y desprecio por los vecinos" en la gestión de las redes de calor de Ponferrada y León. García acusó al consejero de falta de transparencia y recordó que ambos proyectos han sido llevados ante los tribunales "por irregularidades". Además, el leonesista denunció el empleo de 22,6 millones de euros del Fondo de Transición Justa, otorgado por Europa para la reindustrialización de las comarcas mineras, a la planta de biomasa de Puente Castro.

En su réplica, Quiñones se mostró tajante en la realización de ambos proyectos que, defiende, son "un referente de eficiencia energética y sostenibilidad" y "no genera emisiones contaminantes ni compromete la salud de los vecinos". El consejero subrayó que los dos principales núcleos urbanos de la provincia "se beneficiarán de proyectos punteros" y, lejos de retroceder en la planificación de la red de calor, anunció la ampliación de la planta de Ponferrada, y futuras actuaciones en Salamanca, Segovia, Medina del Campo (Valladolid) o Villablino (León).

De no existir impedimento judicial, el proyecto de la red de calor en la capital, a cargo de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), se llevaría a cabo en dos fases, con la instalación de dos calderas con potencia conjunta de 44 MW términos en primer lugar, y la ampliación al doble de capacidad, con otras dos calderas, en segunda instancia. Somacyl dispone de un plazo de cinco años para poner en funcionamiento la planta, habiendo presentado previamente una declaración responsable.

Las instalaciones se ubicarán en la parcela 830 del polígono 9 en el barrio de Puente Castro y ocuparán más de 10.000 metros cuadrados de superficie construida. La planta de generación de energía térmica con biomasa se abastecerá de astilla forestal de roble, chopo, pino y encina para su funcionamiento.

Los responsables de la central incineradora deberán presentar informes anuales sobre las emisiones, con controles periódicos de la revisión del aire, además de otros informes sobre residuos y mantenimiento. La autorización ambiental exige también una auditoría cada tres años que garantice ciertas condiciones de control de emisiones atmosféricas, ruido, gestión de residuos y protección del suelo y aguas subterráneas.