Ecologistas en Acción presenta un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el Proyecto Regional aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la construcción de un Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos en San Justo de la Vega.

La Orden aprobada por la Junta, apunta la organización ambientalista, dota de un marco jurídico para la implantación de macrovertederos industriales con capacidad para gestionar cinco millones de toneladas de residuos anualmente, de las que un millón son residuos peligrosos. La catalogación de proyectos de interés regional para la Comunidad, permite al consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la aprobación 'directa' de iniciativas que, al no disponer de instancia superior, solo cabe recurrir ante los tribunales de justicia, explica Ecologistas en Acción en su comunicado recogido por Ical.

Desde la organización trabajan por lograr la nulidad de pleno derecho de este Proyecto Regional que, mientras esté vigente, puede facilitar la autorización de los vertederos a otros promotores, si la sociedad Latem Aluminium (en concurso de acreedores) abandonase el proyecto y a otros consejeros, si Suarez-Quiñones dejara su cargo.

De forma subsidiaria, el colectivo ecologista recurre la declaración de impacto ambiental favorable, cuya autorización ambiental prevén recurrir tan pronto como sea publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León. Una demanda fundamentada en el alto riesgo de contaminación con sustancias tóxicas y peligrosas de las masas de agua, superficiales y subterráneas, debido al emplazamiento inadecuado de los vertederos industriales, en una zona inundable entre dos arroyos y sobre un acuífero de alta permeabilidad.

A mediados del pasado mes de septiembre, Suárez-Quiñones ya fue denunciado por siete grupos ecologistas ante la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades en la concesión del Parque de Tratamiento de Residuos en San Justo de la Vega. Se acusa al leonés de favorecer a la empresa promotora del proyecto, Valorización Verde, SA., una filial del conglomerado Latem Aluminium, en la que el hijo del consejero ha ocupado un cargo directivo como responsable jurídico de la empresa Asturiana de Laminados.