El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo acusaba el pasado martes a la Junta de Castilla y León de bloquear el nombramiento de un interventor y e impedir el normal funcionamiento económico del Gobierno municipal. El tercer ayuntamiento de León por población, gobernado en minoría por la UPL, denunciaba el impago de las nóminas de 300 trabajadores municipales, cuya retribución solo puede ser autorizada por este cargo.

La situación ha quedado resuelta temporalmente a primera hora de la tarde del martes, con la autorización del Ejecutivo autonómico para el nombramiento de un interventor accidental, por la vía de la excepcionalidad.  La persona designada para el puesto es un funcionario del Consistorio, que ya había sido propuesto por la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, el 5 de septiembre.

Además del retraso en el pago de nóminas, la ausencia de un interventor ha impedido la tramitación de ayudas sociales y el pago a proveedores. El Ayuntamiento de San Andrés y la Junta mantienen una disputa desde hace semanas en referencia a la plaza de un interventor interno. El Gobierno de la Comunidad, a quien compete este nombramiento, solicitó la anulación del tribunal de selección cuando el proceso ya había finalizado, argumentando que este tribunal no puede estar compuesto mayoritariamente por habilitados nacionales. Por su parte, la regidora de UPL aduce que esta resolución es injustificada, que la Junta no ha aportado ninguna solución y además ha incurrido en contradicciones.

Para Caurel, que en la jornada de ayer se reunió con los trabajadores municipales para detallar los trámites de realizados por su equipo de Gobierno para cubrir la plaza, la demora en el nombramiento de un interventor responde a "intereses partidistas" y perjudica gravemente a la plantilla municipal y a los servicios públicos del tercer ayuntamiento de la provincia.

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular y representantes sindicales de CCOO, USO, CSIF y el Sindicato de Policía, han presentado en la mañana del martes una propuesta conjunta ante la Consejería de Presidencia y el Ayuntamiento, con el objetivo de mediar entre ambas instituciones. El documento planteaba tres puntos, según ha explicado la portavoz del PP, Noelia Álvarez: que la alcaldesa cumpliera con los requerimientos autonómicos para reiniciar el concurso conforme a la legalidad; que la Junta nombrara de manera inmediata al interventor accidental; y que este se mantuviera en el cargo hasta la resolución definitiva del proceso, evitando ceses continuos como los registrados desde octubre.

La Junta advierte que tomará las medidas legales que considere oportunas, si el Ayuntamiento de San Andrés no responde a la última resolución, con fecha del 5 de septiembre, informa EFE.