La Comisión de Ética Pública podría investigar a Quiñones por la autorización de un macrovertedero en León

La Junta apela a la independencia del órgano competente para decidir si supervisa o no la actuación del consejero de Medio Ambiente, acusado por "conflicto de intereses"

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La Comisión de Ética Pública podría investigar a Quiñones por la autorización de un macrovertedero en León
Miriam Chacón / ICAL. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta de Castilla y León Juan Carlos Suárez-Quiñones en el Pleno de las Cortes de Castilla y León | Foto: Ical
El autor esPatricia  Izquierdo Pérez
Patricia Izquierdo Pérez
Lectura estimada: 2 min.
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El pasado martes, 9 de septiembre, el pleno de las Cortes de Castilla y León, centrado principalmente en la gestión de la oleada de incendios forestales de agosto, ha tenido espacio para otros asuntos, tales como la licitación para la construcción de un macrovertedero industrial de residuos peligrosos y no peligrosos en León. La figura del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha quedado una vez más en entredicho, en relación a su autorización para el proyecto 'Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos' en San Justo de la Vega (León).

Una investigación de ILEON y elDiario.es reveló que la empresa promotora del proyecto, Valorización Verde SA, propiedad del empresario asturleonés Macario Fernández, forma parte de un conglomerado cuya sociedad principal es Asturiana de Laminados y, en ella, el hijo menor de Quiñones figuraba como responsable jurídico hasta hace algo más de un año, cuando la relación laboral terminó.   

El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha preguntado ante el pleno de las Cortes por lo que considera un "palmario conflicto de intereses", en referencia a la aprobación de la Junta para esta obra el pasado 6 de agosto, que inicialmente obtuvo un informe desfavorable y a la que el consejero de Medio Ambiente dio luz verde bajo la figura de Proyecto Regional.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la independencia de la Comisión Ética Pública para valorar si investiga o no la intervención de Suárez-Quiñones en la aprobación de este proyecto, publica EFE.

Menéndez ha solicitado al Ejecutivo autonómico que requiera a la Comisión de Ética Pública un análisis sobre lo sucedido en este proyecto, que a su entender "pone en entredicho la transparencia y la ética".

Carriedo ha recalcado la independencia y objetividad de los tres integrantes de este órgano, quienes, dice, han intervenido en doce ocasiones, "siempre que se dan las circunstancias para ello" y "tantas veces como lo han considerado oportuno".

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