El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León ha anulado por segunda vez todos los permisos de la central de biomasa de Ponferrada, ordenado la paralización de cualquier obra y el cese inmediato de actividad al considerar que el Ayuntamiento favoreció indebidamente a la empresa pública SOMACYL. 

Según la sentencia enviada por el colectivo Bierzo Aire Limpio y publicada por EFE, uno de los demandantes, el magistrado aprecia una reiteración en la conducta infractora del consistorio al volver a incurrir en irregularidades ya señaladas en una sentencia anterior de 2020. La resolución judicial también condena al Ayuntamiento al pago de las costas procesales, según las mismas fuentes.

El fallo anula la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional para el funcionamiento de la planta, ubicada en el barrio de Compostilla, por un "fraccionamiento del proyecto" y por una "información pública deficiente".

En este sentido, el juez considera que se ocultó a la ciudadanía el alcance real de la instalación, al tramitar licencias únicamente para el edificio de la planta y no para toda la red de calor asociada.

Esta estrategia permitió, según recoge la sentencia, una reducción sustancial del impuesto sobre construcciones (ICIO), al liquidarse sobre un presupuesto de 797.000 euros cuando el coste real de la obra superaba los 2,1 millones. Además, la resolución judicial señala que la ocupación del subsuelo público con tuberías requería un título específico y no podía cubrirse con una simple licencia de obra.

Las asociaciones Bierzo Aire Limpio y la de Vecinos de Compostilla, demandantes en este proceso, han celebrado el fallo judicial y han exigido responsabilidades políticas.

El abogado del caso, Víctor A. Bayón, ha subrayado que podrían derivarse responsabilidades personales, ya que el Ayuntamiento reincidió en las mismas prácticas administrativas anuladas en 2020.

Por su parte, Bierzo Aire Limpio ha pedido la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que acusan de impulsar una "cacicada" con apoyo de dos alcaldes de Ponferrada. La asociación ha solicitado también una auditoría del dinero público invertido en el proyecto y ha anunciado que trasladará la sentencia al Banco Europeo de Inversiones.

La Asociación de Vecinos de Compostilla ha solicitado al alcalde que no recurra la sentencia y reclamado que se asuman las ilegalidades que, aseguran, han afectado durante años a este barrio de Ponferrada.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado, a través de su concejal de Urbanismo, Carlos Cortina, que sus servicios jurídicos están estudiando recurrir la sentencia. Y aclara que dichos actos administrativos corresponden al anterior mandato municipal (2019-2023), liderado por el socialista Olegario Ramón, recoge EFE.