La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avanzó este jueves que el próximo Plan Estatal de Vivienda reforzará las líneas de financiación dirigidas a movilizar vivienda vacía en el mundo rural, principalmente a través de la rehabilitación. Lo anunció durante una visita a la localidad extremeña de Olivenza, donde se reunió con el alcalde, Manuel José González, y con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, acompañada por la directora general de Sepes, Leire Iglesias.

Rodríguez concretó que habrá líneas de financiación específicas para la rehabilitación de viviendas vacías que posteriormente se saquen al mercado en forma de alquiler asequible, y resaltó que habrá ayudas adicionales cuando estas viviendas se encuentren en cascos históricos. "Es importante que todas las administraciones tengamos presentes las dificultades para acceder a una vivienda en el entorno rural", remachó.

"Pasamos del rescate bancario al rescate ciudadano", subrayó la ministra, que ha recordado que el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sareb a Sepes.

La ministra indicó que la gestión de estas viviendas se hará de la mano del Ayuntamiento de Olivenza. En este sentido, apuntó que en el próximo Plan Estatal de Vivienda se potenciará el papel de las entidades municipales. "Vamos a contar con los ayuntamientos y ellos van a contar con el Gobierno si sus comunidades autónomas no quieren emprender políticas de vivienda e invertir en vivienda pública en nuestro país", resolvió.

Durante su intervención, Isabel Rodríguez reclamó a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que se sume al Acuerdo Estatal de Vivienda que planteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes. Ese acuerdo se basa en tres compromisos a los que, según Rodríguez, es muy complicado "decir que no". En concreto, dijo que son triplicar los recursos destinados a políticas de vivienda, blindar la protección permanente de las viviendas que se financien con recursos estatales y aumentar la transparencia en los datos vinculados a la vivienda.