La subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, ha mantenido este martes un encuentro con el presidente del Colegio de Médicos, José Luis Díaz Villarig, para informarle de la puesta en marcha de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario para hacer frente a las agresiones que sufren los profesionales de la sanidad.

La Instrucción pone en marcha el protocolo de actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que contempla, por primera vez, esta figura del Interlocutor Policial, cuyo principal cometido es el de ser cauce de comunicación entre las FCSE y los responsables del centro sanitario, al objeto de coordinar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier episodio de violencia o intimidación a personal sanitario.

Con la creación de esta figura se busca cumplir dos objetivos, por un lado personal, para preservar la seguridad e integridad de los profesionales de la sanidad, y por otra social, ya que estos sucesos repercuten negativamente en la función que prestan a la sociedad.

Guardia Civil y Policía Nacional han designado, respectivamente, a un teniente coronel y a un miembro de la Unidad de Seguridad Privada, con categoría de Inspector, que asumirán las funciones de esta nueva figura, concebida para reducir o eliminar toda forma de violencia dirigida contra estos profesionales.

Y lo harán por medio de una respuesta policial integral y trasversal, con medidas preventivas que permitan detectar y seguir el curso de las agresiones.

El desarrollo del protocolo también contempla la creación de un Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios que, en coordinación permanente con FCSE a nivel nacional, permitirá reforzar y aumentar la vigilancia en los centros médicos.

De hecho, el Ministerio elaborará, con los datos proporcionados por estos observatorios, un catálogo y una clasificación de los centros sanitarios, según sus medidas de seguridad.

Interior también tiene previsto elaborar un Sistema de Información de Agresiones del Sistema Nacional de Salud con tres objetivos marcados; reunir todas las agresiones recogidas en los registros de los servicios autonómicos, identificar puntos críticos y un mapa de riesgos de agresiones y, en tercer lugar, una evaluación periódica de los incidentes y las medidas que se adoptaron como punto de partida para adecuar, en tiempo y forma, las acciones necesarias ante una situación violenta.