El concepto de 'prioridad nacional' se extiende a Castilla y León y ha sido incluido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox como una condición para que Alfonso Fernández Mañueco cuente con los apoyos suficientes para ser investido como presidente de la Junta de Castilla y León. Pero, ¿qué dice exactamente el acuerdo suscrito entre PP y Vox? 

Tal y como además ha señalado Fernández Mañueco en la comparecencia para anunciar el acuerdo de gobierno entre PP y Vox -80 días después de las elecciones autonómicas-, ambos partidos  repiten el esquema aplicado en Aragón y descartan seguir el paso de Extremadura, donde el empadronamiento debe ser en la propia autonomía, sin ampliarlo a personas empadronadas en otras autonomías españolas.

La textualidad del documento

Mañueco ha explicado sobre el concepto de 'prioridad nacional' que se trata del "mismo texto" que el suscrito en Extremadura y Aragón, convencido de que posteriormente el Gobierno irá aprobando "medida a medida" y se ajustará "al ordenamiento jurídico y el marco legal" vigente.

En el documento, que contiene 19 ejes y 324 medidas en 62 páginas, los futuros socios de gobierno plasman en el punto 10.8 que en términos generales aplicarán la denominada 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas.

En concreto, recoge Efe, plantean que "se inspirará en el principio de prioridad nacional", en el sentido de conseguir una "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Detallan además que incluirá un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio, así como la vinculación del acceso a ayudas con la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema

Además, el texto plantea la "exclusión" del acceso a estas ayudas sociales de aquellas personas que "se encuentren en situación irregular", quienes únicamente podrán acceder a ayudas de "urgencia vital", lo que completan con una alusión a que se plantean modificar las leyes y disposiciones que "dificulten la consecución efectiva" de la aplicación del criterio de 'prioridad nacional'.

'Prioridad nacional' y vivienda

En el caso concreto de las ayudas para el acceso a la vivienda, PP y Vox lo plantean como un sistema de acceso a la propiedad y al alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional", aunque apuntan a que estará "adecuado a la legalidad vigente".

La exigencia del "empadronamiento histórico" en "Castilla y León y España" será de un mínimo de 10 años cuando el aspirante a la ayuda quiera comprar una vivienda y de 5 años cuando quiera alquilar.

Del mismo modo, el acuerdo establece un "refuerzo" de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que "evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio".

Argumentan PP y Vox que el objetivo es "garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida, permitir el retorno de miles de castellanos y leoneses forzados emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda".

En este sentido, el documento plantea que, "con sujeción a la legalidad", la Junta valore la "trayectoria de cotización y actividad laboral" de los demandantes de ayuda y la existencia de familiares de primer grado que ya residan en Castilla y León.