La Audiencia Provincial de León juzga a partir de este lunes y durante dos jornadas al exalcalde de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, por los presuntos delitos de falsedad de documento público y prevaricación, por unos hechos ocurridos en 2007. El actual portavoz municipal socialista se sienta en el banquillo junto a un ingeniero de caminos y a un empresario por la presunta implicación en la tramitación irregular de una obra, por la que se obtuvo una subvención pública de 40.000 euros.

El Ministerio Fiscal pide una pena de tres años y medio de cárcel para Alfonso, y de siete meses para los otros dos acusados, recoge Ical.

Los hechos se remontan dos décadas atrás, cuando el exregidor, "guiado por el propósito de cobrar una subvención incluida en el Plan de Sequía 2007 de la Diputación Provincial de León", abrió un expediente por procedimiento negociado y sin publicidad para la realización de unas obras de mejora de las instalaciones de abastecimiento del municipio. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en menos de diez días, antes de que finalizara el plazo para optar a las ayudas, se aprobó el proyecto, se contrataron los trabajos, se firmó el acta de replanteo y la comprobación de este, así como la certificación del final de la actuación.

En un tiempo materialmente imposible, con la conformidad del alcalde de Fabero, se firmó el acta de recepción que "hacía constar que las obras habían sido ejecutadas y finalizadas". Esto permitió el cobro de la subvención con fondos de distintas administraciones. La Junta financió el proyecto con 20.000 euros, y tanto la institución provincial como el Ayuntamiento, aportaron 10.000 euros cada uno.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para Demetrio Alfonso Canedo una pena de tres años y medio de prisión, el pago de una multa de 2.400 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de tres años.

Para el ingeniero y el empresario implicados en el caso, se solicitan siete meses de cárcel y la misma multa de 2.400 euros.

A su entrada a los juzgados esta mañana, el político socialista ha defendido su inocencia de esta manera: "Es un tema que transparente, la adjudicación ha sido ajustada estrictamente a la legalidad, hay un expediente, creo que impoluto, así lo puede ratificar tanto el secretario como otros funcionarios".

En las declaraciones recogidas por Ical, el exalcalde reconoce que el tiempo entre la adjudicación y la certificación es el indicado, pero argumenta que las obras fueron acometidas a posteriori. "Es cierto que la certificación se hace un día después de la adjudicación. Lógicamente las obras en una noche o en un día no se hacen. Las obras se hicieron después, hay informes de que las obras están realizadas y ejecutadas. Esto es lo que ha habido", ha explicado.