División y confrontación política en un final de legislatura en Castilla y León al que PP y Vox llegan más enfrentados que nunca, a pesar de que la iniciaron como socios de gobierno. El último año completo antes de las próximas elecciones autonómicas, los dos partidos se distanciaron aún más tras su ruptura en 2024, mientras al otro lado, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, tomó las riendas de un renovado PSOE al que regresaron las turbulencias internas, relata Ical. 

2025 termina sin que las Cortes hayan aprobado unos nuevos presupuestos, ya que la oposición logró tumbar con sus cuatro enmiendas a la totalidad las cuentas del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que sufrió también otros reveses parlamentarios, como el que se produjo con la derogación de dos decretos ley sobre incendios forestales o la aprobación de la nueva la ley de Publicidad Institucional. Sin embargo, la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura puso un broche de oro a la legislatura al concitar un apoyo unánime.

El año arrancó en lo político con el paso atrás de Luis Tudanca, secretario general del PSCyL durante diez años, que cedió el testigo a Carlos Martínez de forma pacífica. El cambio de caras en el puesto de mando se oficializó a finales de febrero, en el XV Congreso Autonómico, con la ministra Ana Redondo como presidenta, la leonesa Nuria Rubio como vicesecretaria y el burgalés Daniel de la Rosa al frente de Organización.

También, en ese primer mes se produjo una crisis en el seno de Vox. A la expulsión de dos de sus procuradores, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, que pasaron a ser no adscritos, se sumó la renuncia del que fuera vicepresidente Juan García-Gallardo y portavoz parlamentario por diferencias con su partido. Fue sustituido por David Hierro en la Cámara, mientras el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ganó más protagonismo.

Con un cambio de caras en el PSOE y Vox, el segundo y tercer partido, el presidente de la Junta se sometió en marzo al debate de política general o sobre el estado de la Comunidad, sesión en la que Fernández Mañueco aprovechó para hacer una serie de anuncios como el despliegue del transporte gratuito, la compra de seis nuevos helicópteros medicalizados o el bono de 200 euros para actividades extraescolares, relata Ical. 

Aunque sobre la mesa planteó la búsqueda de acuerdos sobre presupuestos, financiación autonómica, infraestructuras, Corredor Atlántico, sanidad, violencia de género y PAC, su oferta no fue recogida por la oposición. Tan solo el anuncio de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo que en abril agentes sociales, organizaciones y partidos se sentaran a intentar negociar una respuesta conjunta en beneficio de la Comunidad.

También en ese mes el presidente de la Junta y los representantes de CEOE, CCOO y UGT formalizaron cinco acuerdos, en materia de empleo, educación e igualdad que movilizarán una inversión superior a los 2.100 millones de euros durante para el periodo 2025-2028.

Tras el 'cara a cara' en abril de Fernández Mañueco y Carlos Martínez, la nueva dirección socialista retiró su proposición de ley de violencia de género en las Cortes para intentar sacar adelante con el PP y la Junta la nueva norma que estaba en tramitación y a la que presentaron 103 enmiendas. En diciembre, la Junta retiró su proyecto de la tramitación al entender que los socialistas se iban a oponer a su aprobación.

Avanzada la primavera, la Junta presentó en Fermoselle, Zamora, el Plan Socioeconómico de La Raya, dotado con más de 90 millones de euros y una vigencia de seis años. En junio, se produjo en Barcelona la Conferencia de Presidentes, que terminó sin acuerdos entre el Gobierno y las comunidades en asuntos como la vivienda, la financiación autonómica o la crisis migratoria.

La supresión de algunas frecuencias de alta velocidad en Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia encendió el malestar en Castilla y León, si bien Renfe no rectificó su decisión. A pesar de la división política, la oposición logró ponerse de acuerdo para aprobar una reforma de la ley de Publicidad Institucional, que terminó siendo recurrida en los tribunales por un grupo de empresas.

En julio, antes de las vacaciones, Fernández Mañueco y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, renovaron el acuerdo de atención sanitaria para cerca de 30.000 personas del Valle del Tiétar (Ávila). También, la Junta presentó el Plan Regional de Monte la Reina (Zamora).

En el plano orgánico, el Congreso del PP celebrado en Madrid encumbró a la leonesa Esther Muñoz a la Portavocía en el Congreso de los Diputados y mantuvo a Alicia García, en el Senado. Otros dirigentes de la Comunidad, como Isabel Blanco, mantuvieron su puesto en la organización nacional, mientras ganaba cada vez más peso en la Comunidad, donde se convirtió en la directora del comité electoral y coordinadora de acción política.

Un mes antes, en junio, la UPL eligió a la procuradora Alicia Gallego, alcaldesa de Santa María del Páramo, como secretaria general de la UPL, lo que a final de año la convirtió también en su candidata para las autonómicas. También, Miguel Ángel Llamas relevó a Pablo Fernández al frente de Podemos en Castilla y León e Izquierda Unido reeligió a Juan Gascón como su coordinador.

Incendios y derrotas

La mayor crisis política fue la desatada en agosto por la oleada de incendios forestales, lo que hizo que Fernández Mañueco regresara de sus vacaciones para ponerse al frente de una gestión cuestionada por partidos y sindicatos. De hecho, la Junta aprobó en pleno agosto un plan de 114 millones y el presidente compareció de forma extraordinaria en las Cortes, donde asumió errores y defendió la actuación del operativo.

En octubre, la Junta presentó a las Cortes el límite de gasto no financiero, base de las nuevas cuentas, y remitió al parlamento a los pocos días el proyecto de presupuestos para 2026, que fue inadmitido por la Mesa de la cámara por no estar aprobado el 'techo de gasto' y no estar acordada la sección 20. Esto obligó al Ejecutivo a remitirlo de nuevo para iniciar su tramitación, si bien la oposición lo tumbó, pese a la ronda de reuniones celebradas.

El año terminó con la derogación de dos decretos-ley sobre el operativo de incendios y las medidas de prevención y seguridad frente a los fuegos. Además, la ley de violencia de género fue retirada horas antes de que se debatiera en comisión, tras un año en las Cortes, y la proposición de ley de PP y Vox sobre puestos de difícil cobertura fue la última norma aprobada en esta legislatura, en la que Fernández Mañueco tuvo que dar cuenta ante el pleno por lo sucedido en la 'trama eólica', recoge Ical.