La Ley 20/2022 establece la inclusión de la memoria democrática en los currículos escolares del sistema educativo español, sin embargo, esta parte de nuestra historia sigue sin tener una presencia efectiva en los planes de estudio.

A esa conclusión han llegado los investigadores de la Universidad de León (ULe) Enrique Javier Díez Gutiérrez y Jonatan Rodrigues López, que en su trabajo 'Políticas educativas de memoria democrática' elaboran un análisis crítico sobre la legislación educativa vigente y su aplicación en las comunidades autónomas.

El estudio publicado en Clío: Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico, y recogido por EFE, observa una "retórica curricular vacía" en la que la dictadura franquista y buena parte de la historia de España en el siglo XX se menciona sin desarrollar conceptos importantes, de modo que no se garantiza la revisión de la memoria democrática en las aulas.

Mediante un análisis crítico del discurso (ACD) de la normativa educativa vigente, la LOMLOE, y los decretos curriculares, Diez y Rodrigues constatan que los contenidos referentes a la represión franquista, la lucha antifranquista y los procesos de justicia transicional apenas aparecen mencionados y, en las escasas excepciones lo hacen bajo formulaciones ambiguas.

"La memoria democrática aparece en los textos legales como un concepto genérico, sin referencias claras a la dictadura, la represión o las víctimas del franquismo", indican los investigadores.

En la ESO, estos conceptos aparecen en cinco ocasiones, y en Bachillerato, en otras tantas, muchas veces en contextos despolitizados.

La implementación es desigual en función de la comunidad autónoma, así, autonomías como La Rioja y Asturias han desarrollado marcos normativos más exhaustivos, mientras que otras como Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria o Extremadura han sustituido las leyes de memoria democrática por otras normativas de "concordia" que, apuntan los autores, "eluden el reconocimiento de las víctimas del franquismo y promueven una visión equidistante del pasado".

Aragón es un ejemplo claro en este sentido, su nueva Ley 1/2024 excluye registros como el Censo de Memoria Democrática o las Rutas de la Memoria, y omite cualquier referencia a la dictadura de Franco, la guerra civil o la Segunda República. El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la aplicación de esta normativa por las medidas que Naciones Unidas califica como contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.

Los investigadores de la ULe advierten que esta tendencia va en perjuicio de la construcción de una ciudadanía crítica y democrática, y recalcan que "la omisión escolar sobre la represión franquista genera generaciones vulnerables a la manipulación mediática y al auge del neofascismo". Asimismo, el estudio concluye que España, a diferencia de otros países como Alemania, Argentina o Sudáfrica, mantiene una "deuda histórica" en el ámbito de la justicia transicional y la educación en derechos humanos.

Los autores denuncian la ambigüedad legal, la falta de formación del profesorado y la ausencia de mecanismos de evaluación e implementación de memoria democrática en nuestro país. EL artículo propone la obligatoriedad de incluir unidades didácticas sobre represión y resistencia antifranquista, la formación docente en justicia transicional y el desarrollo de proyectos interdisciplinares que conecten la memoria local con marcos globales.

"La memoria democrática no es un lujo ni una opción ideológica: es un derecho de las nuevas generaciones y una condición para la defensa de la democracia", defienden los investigadores de la ULe.