El Consejo de Ministros aprobará este 2 de septiembre el proyecto de ley para condonar 83.252 millones de euros a las comunidades autónomas de régimen común, por lo que no aplicará para el País Vasco y Navarra. Castilla y León se beneficiará de una conmutación de 3.643 millones de euros, según informó Servimedia.

Así lo anunció el pasado viernes, en Sevilla, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defendió "esta iniciativa tan importante", por la que el Estado asumirá la deuda de las comunidades autónomas. "Nunca, nunca antes, una Administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones, se dice pronto, de deuda", subrayó Montero.

La aprobación en el Consejo de Ministros es sólo el primer paso, ya que después debe tramitarse en el Congreso como ley orgánica, para lo que necesitará mayoría absoluta de la Cámara. La condonación de la deuda cuenta con el rechazo del PP, que entiende esta medida como una cesión a Cataluña, ya que parte de un acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Por su parte, los populares apuestan por la reforma del sistema de financiación.

Pese a esas críticas, Montero ha insistido siempre en que la quita no supondrá un "agravio territorial" para ningún territorio ni supondrá "un privilegio" para otros, y también ha reconocido que la asunción de la deuda es compatible con abordar un nuevo modelo de financiación.

Visto bueno del CPFF

Montero desveló la cantidad de deuda que el Estado estaba dispuesto a asumir en febrero. A partir de entonces, la propuesta ha seguido un recorrido marcado por la oposición del PP. El primer paso fue someter la propuesta ante un accidentado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el 26 de febrero de este año, que se inició con el abandono de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP pocos minutos después de su constitución.

Pese al plante del PP, que Montero tachó de "deslealtad", el CPFF pudo dar el visto bueno al texto presentado por Hacienda, ya que, una vez constituido el Consejo se pudo seguir adelante con el orden del día y aprobar la condonación con las comunidades que permanecieron reunidas: Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias. Superado ese paso, Hacienda sometió a consulta pública el anteproyecto para la condonación de la deuda autonómica, entre el 15 y el 30 de mayo.

En el texto, la cartera de Montero explicaba que la quita de 83.252 millones de euros a las comunidades de régimen general "pretende aliviar el sobrendeudamiento (…) mediante la asunción de parte del endeudamiento autonómico por el Estado". De esta forma, se reducirá el gasto por intereses y se facilitará la vuelta gradual de las comunidades a los mercados para obtener financiación.

No obstante, esta condonación se regirá "por el principio de voluntariedad", como ya había avanzado Montero, de manera que serán las comunidades autónomas las que "deberán aceptar la aplicación de esta medida en los términos que se prevean en la norma reguladora de la medida". Aunque los populares siempre han rechazado la quita, Montero siempre se ha mostrado convencida de que "el PP va a suscribir el convenio" entre el Estado y cada comunidad autónoma, porque "les beneficia".

Cálculo de la quita

Montero presentó la propuesta de quita de deuda en febrero, cuando desveló que la cifra ascendería hasta esos 83.252 millones de euros. Para calcular esa cifra, Hacienda estimó el diferencial entre el endeudamiento que registraron las comunidades entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, 109.582 millones de euros, con el del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2023, 29.272 millones de euros. Eso da como resultado 80.310 millones de euros de sobreendeudamiento.

El 75 por ciento de ese importe, 60.232 millones de euros, se distribuirá en función del peso de la población ajustada entre 2010 y 2022. De esto se obtiene una condonación media del 19 por ciento de la deuda autonómica total vigente a 31 de diciembre de 2023, último ejercicio cerrado.

Hacienda decidió elevar la condonación de las comunidades autónomas por debajo de la media del 19 por ciento para garantizar que, al menos, tengan un 19,3 por ciento de la deuda condonada.

A estas cuentas, se les añadió una tercera fase para identificar la comunidad autónoma con mayor condonación por habitante ajustado, que resultó ser la Comunidad Valenciana, con 2.284 euros por habitante, que se utilizará como referencia para la condonación adicional.

Además, existirá una compensación adicional para las comunidades que hayan ejercido sus competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010 y 2022, de forma que se reconocerá el esfuerzo fiscal que algunas autonomías exigieron a sus ciudadanos.

Reparto por comunidades

Por comunidades autónomas, Andalucía será la más beneficiada, con una condonación de 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones de euros.

Hacienda prevé asumir 11.210 millones de euros a la Comunidad Valenciana y de 8.644 millones de euros a Madrid. Para Castilla-La Mancha, se calculó una condonación de 4.927 millones de euros, en tanto que para Galicia será de 4.010 millones de euros.

Por su parte, Castilla y León se beneficiará de una condonación de 3.643 millones de euros; la Región de Murcia, de 3.318 millones de euros; y Canarias, de 3.259 millones de euros.

En Aragón, la condonación prevista será de 2.124 millones de euros; en Extremadura, de 1.718 millones de euros; en Baleares, de 1.714 millones de euros; en Asturias, de 1.508 millones de euros; en Cantabria, de 809 millones de euros; y en La Rioja, de 448 millones.