La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial que inicie las acciones administrativas y judiciales que estime oportunas contra el Real Decreto del Gobierno de Aznar que modificó en el año 2000 la concesión de la autopista AP-66 León-Asturias.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este peaje fue prolongado hasta 2050, contra lo que se ha manifestado el Gobierno autonómico en numerosas ocasiones y que le ha llevado a anunciar bonificaciones fiscales para paliar sus efectos, recoge EFE. 

La Junta de Castilla y León considera que esta modificación aprobada en el año 2000 por el Gobierno presidido por José María Aznar (PP) introdujo "cambios sustanciales" en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato.

En la práctica, según el Ejecutivo autonómico se produjo "una nueva concesión sin licitación pública", contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario.

El acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno permitirá instar la revisión de oficio del citado Real decreto, como paso previo a la vía judicial, con el objetivo de conseguir la supresión definitiva del peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una "barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad", ha detallado el portavoz de la Junta.

Preguntado por los siguientes pasos, prosigue EFE, Carriedo ha explicado que identificarán el "procedimiento más razonable", con un primer requerimiento ante el Gobierno para que modifique el Real Decreto como paso previo a un posible recurso judicial ante el Tribunal Supremo, como ya ha hecho el Principado de Asturias.

En este sentido, ha reconocido que la iniciativa asturiana ha contribuido a dar este paso, junto al hecho de que la resolución adoptada por la Unión Europea hace cinco años respecto a la normativa que ampara este peaje apunta a que este recurso puede tener viabilidad.

Carriedo ha planteado que la Junta de Castilla y León está "en plazo" para iniciar estos trámites, con la vista puesta en que ese peaje deje de tener vigencia.