La agresión sufrida por Olegario Ramón en Ponferrada regresará a los tribunales. La Audiencia Provincial de León celebrará el próximo 9 de diciembre un nuevo juicio por los hechos ocurridos el 11 de abril de 2024 a las puertas de la sede del PSOE en la capital berciana.

La repetición de la vista no parte de cero. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ordenó revisar parcialmente la resolución dictada en el primer procedimiento al considerar que algunos aspectos relevantes del caso no habían quedado correctamente valorados. Por ello, el nuevo juicio deberá celebrarse ante un tribunal diferente al que dictó la primera sentencia.

Uno de los puntos centrales volverá a ser determinar si los hechos pueden constituir también un delito de atentado contra la autoridad, una cuestión que la primera resolución no consideró acreditada y que ahora deberá ser analizada de nuevo junto con las lesiones atribuidas al acusado.

La decisión del TSJCyL pone el foco especialmente en la valoración de las pruebas relacionadas con una cuestión concreta: si el acusado sabía, o podía saber razonablemente, que Olegario Ramón tenía la condición de autoridad por su cargo público. Ese elemento será determinante para establecer si, además del delito de lesiones, puede apreciarse el delito de atentado que inicialmente quedó descartado.

El tribunal superior también reclamó una nueva revisión de las circunstancias que rodearon el incidente. En los meses anteriores a la agresión se habían producido protestas durante un periodo prolongado ante la sede socialista, un contexto que, según la resolución, puede resultar relevante para comprender lo sucedido y valorar el conocimiento que pudiera tener el acusado sobre la identidad y condición de Ramón.

Las referencias realizadas durante aquellos incidentes y la vinculación de Ramón con el PSOE forman parte, por tanto, de las circunstancias que deberán volver a examinarse durante la nueva vista.

Una primera condena limitada a las lesiones

El procedimiento tiene su origen en la agresión sufrida por Ramón cuando era alcalde de Ponferrada y que actualmente preside el Consejo Comarcal del Bierzo.

La primera sentencia de la Audiencia Provincial de León concluyó que únicamente había quedado acreditado un delito de lesiones. El acusado fue condenado a ocho meses de multa, con una cuota diaria de siete euros, y al pago de 1.504 euros de indemnización a Olegario Ramón. Sin embargo, aquella resolución fue recurrida y el TSJCyL acordó posteriormente su nulidad parcial, al considerar que era necesario revisar tanto la cuestión relacionada con el posible atentado a la autoridad como determinados aspectos de la valoración del delito de lesiones.

La decisión no supone, por tanto, una nueva investigación de los hechos desde el principio, sino que obliga a retrotraer parcialmente el procedimiento y realizar una nueva valoración de las pruebas ante una composición distinta de la Audiencia Provincial.

El nuevo juicio deberá determinar, con las pruebas disponibles, qué ocurrió aquella jornada y qué alcance penal tienen los hechos. Para ello, el tribunal tendrá que volver a analizar no solo la agresión y sus consecuencias, sino también el contexto en el que se produjo y el posible conocimiento de la condición de autoridad de Ramón.

Será esa nueva valoración la que determine si se mantiene el escenario establecido en la primera sentencia o si, por el contrario, los hechos pueden encajar también en el delito de atentado contra la autoridad que quedó descartado inicialmente.