Los parques infantiles de San Andrés del Rabanedo vuelven a situarse en el centro del debate municipal. El equipo de Gobierno ha decidido rescindir el contrato de mantenimiento de estas instalaciones por incumplimientos de la empresa adjudicataria, una decisión que el PSOE considera tardía después de meses de advertencias sobre el deterioro de algunos juegos.

La situación ha llegado a afectar incluso a la seguridad de los menores. En los últimos días ha sido necesario precintar algunos elementos de juego debido a su estado de conservación. Uno de los ejemplos más visibles se encuentra en el parque de Heriberto Ampudia, junto a la Comisaría, donde la principal atracción permanece fuera de uso.

Para los socialistas, el problema no se limita a que el contrato haya terminado antes de lo previsto. La principal crítica se dirige a cómo se ha gestionado el servicio durante el último año. El PSOE recuerda que tanto vecinos como representantes municipales habían trasladado sus quejas por el estado de los parques, mientras que desde el equipo de Gobierno se sostenía que el mantenimiento se estaba desarrollando con normalidad.

De hecho, el concejal responsable del área, Alejandro Calvo, defendió el funcionamiento del servicio en el Pleno celebrado el pasado mes de abril. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento plantea la rescisión del contrato debido al incumplimiento de las obligaciones de la adjudicataria.

El propio edil ha señalado, según el PSOE, que "no he visto" a la empresa hasta agosto, una afirmación que los socialistas consideran especialmente relevante a la hora de explicar por qué no se intervino antes ante los problemas detectados.

Un año después, el Ayuntamiento busca aclarar qué se hizo

La oposición considera que, si realmente existían incumplimientos, la actuación municipal debería haberse producido en el momento en que fueron detectados y no después de varios meses. A su juicio, mantener durante ese tiempo instalaciones deterioradas puede terminar agravando el problema y encareciendo las futuras actuaciones.

El PSOE advierte además de que la falta de mantenimiento puede acabar generando un gasto mayor para las arcas municipales, especialmente si determinados juegos necesitan ser reparados o sustituidos cuando un mantenimiento periódico podría haber evitado un deterioro mayor.

La situación resulta especialmente llamativa para los socialistas porque los parques infantiles fueron objeto de una renovación durante el anterior mandato municipal. El Ayuntamiento ejecutó entonces un contrato destinado a renovar de forma integral los juegos, por lo que, según sostiene el grupo de la oposición, el actual Gobierno únicamente debía garantizar su conservación.

Desde el PSOE consideran que volver a afrontar reparaciones o sustituciones importantes apenas unos años después supondría un coste que podría haberse evitado con un adecuado seguimiento del contrato.

El PSOE pide conocer qué trabajos se realizaron

Más allá de la rescisión, los socialistas reclaman al Gobierno municipal información concreta sobre la ejecución del servicio. El concejal ha planteado la elaboración de un informe sobre las actuaciones realizadas, una medida que el PSOE considera necesaria, pero que llega, a su juicio, después de aproximadamente un año de vigencia del contrato y cuando ya se ha decidido ponerle fin.

La oposición quiere conocer qué trabajos se llevaron a cabo realmente, cuáles fueron los incumplimientos detectados y qué documentación técnica y administrativa ha servido para justificar la decisión municipal.

El PSOE insiste en que su crítica no se dirige a rescindir un contrato que no se esté cumpliendo, sino a la gestión realizada hasta llegar a ese punto. En este sentido, reclama que el Ayuntamiento explique por qué, pese a las quejas existentes y al deterioro visible de algunas instalaciones, se mantuvo durante meses el mensaje de que el servicio funcionaba con normalidad.

Mientras se resuelve la situación contractual, la preocupación se centra en garantizar que los parques vuelvan a contar con un mantenimiento adecuado. Para los socialistas, los menores y sus familias no pueden asumir las consecuencias de una gestión tardía de un servicio que afecta directamente a la seguridad y al uso diario de los espacios públicos.