La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental presentó este miércoles un estudio elaborado por la Universidad de Valladolid que sitúa en unos 18 céntimos por kilo el coste de producción de la patata en Castilla y León. El informe, realizado con datos correspondientes a 2025, estima unos costes totales de entre 8.000 y 9.000 euros por hectárea y pretende servir como referencia para reforzar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y aportar transparencia al sector.

El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, defendió que este estudio supone un primer paso para garantizar que las operaciones comerciales se realicen por encima de los costes de producción. "Era un compromiso el tener unos estudios de costes para poder poner en marcha y para que se puedan controlar y que haya un funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria y sobre todo para dar transparencia al sector", señaló a Ical. Pino explicó que el documento tiene en cuenta variables como el arrendamiento de la tierra, la energía, el agua, los fertilizantes, los productos fitosanitarios, la semilla, la amortización de maquinaria y el gasóleo. "Se ha tenido en cuenta todo", afirmó.

No obstante, advirtió de que la cifra de 18 céntimos corresponde a los datos de 2025 y que el incremento de los costes durante el último año podría elevar el coste efectivo de producción de la campaña actual hasta alrededor de los 20 céntimos por kilo. "Podríamos estar hablando que posiblemente el coste efectivo de producción de la patata esta campaña esté más en el entorno de los 0,20 que de los 0,18", señaló.

Castilla y León afronta la campaña con unas 16.600 hectáreas sembradas y una previsión de producción cercana a las 800.000 toneladas, lo que supone alrededor de la mitad de la producción nacional. Sin embargo, la superficie se redujo en unas 3.000 hectáreas respecto al año anterior, una caída que el consejero relaciona con los elevados costes y la incertidumbre sobre el precio de venta. "Este año tenemos 3.000 hectáreas menos que el año pasado, por lo tanto tenemos que hacer una reflexión de por qué tenemos esa superficie menos", apuntó.

Pino aseguró que la Junta reforzará los controles sobre la cadena alimentaria y avanzó que se intensificará la actuación de los servicios centrales y territoriales para comprobar que las operaciones respetan la legislación. "La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental no va a hacer dejadez de funciones", afirmó.

En este sentido, recordó que la Ley de la Cadena Alimentaria contempla un régimen sancionador para quienes incumplan sus obligaciones. El consejero advirtió a las empresas que paguen por debajo de los costes de producción de que podrán ser objeto de inspecciones y señaló que estos controles se realizarán también en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Información y Control Alimentarios. "Si tiene que materializarse el procedimiento, pues se llegue a término, llegue a su fin y aquel que no cumpla pues sea sancionado", indicó.

Precios que garanticen rentabilidad

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, respaldó la iniciativa y reclamó que las herramientas legales se utilicen de forma efectiva. Según explicó, España consume entre 2,4 y 2,5 millones de toneladas de patata al año, mientras que Castilla y León produce aproximadamente un tercio y otro tercio procede del resto de comunidades. El volumen restante se importa principalmente de Francia.

Dujo defendió que Castilla y León tiene capacidad para incrementar su producción y reducir esa dependencia exterior. "Tenemos terreno, tenemos profesionales para producir ese casi tercio que viene de Francia y no depender de países de nuestro entorno", señaló . Según dijo, esta apuesta permitiría "potenciar un cultivo, generar riqueza en el medio rural, generar oportunidades" y mejorar la calidad del producto para los consumidores.

El representante de Asaja también criticó la diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. "Lamentablemente hoy a nuestros agricultores se les está pagando a ese precio o muy poco por encima, pero sin embargo el consumidor tiene que pagar seis, siete, ocho veces ese producto que lleva muy poca transformación", lamentó.

Dujo relacionó la reducción de superficie con la falta de rentabilidad. "El año pasado había 19.000 hectáreas en Castilla y León y este año hay 16.600, 16.700", recordó. "Nosotros tenemos que ir aumentando la superficie, ir aumentando la producción, porque hay consumo en España, pero no se puede aumentar la superficie o la producción si el precio es bajo", añadió.

El presidente de Asaja reclamó además que los costes se actualicen periódicamente ante el incremento de los principales insumos. "Se disparan los fertilizantes, se dispara el gasoil, se dispara la electricidad, se dispara la semilla, se dispara los fitosanitarios. Y lo nuestro no se dispara nunca, no vale nunca un precio digno", criticó.

Desde la Alianza UPA-COAG, Ventura González también valoró el estudio como un avance. "Por fin, por una vez, tengamos realmente cuál es un coste de producción de un cultivo como la patata", señaló, al tiempo que ha defendido la necesidad de aplicar de forma efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria.

González reclamó que se identifique a los operadores que están comprando por debajo de los costes y que se analicen las diferencias entre explotaciones. "Necesitamos también en este sentido que se regionalice por comarcas", explicó, ya que existen diferencias entre los costes de producción dependiendo del tipo de regadío. "En algunas comarcas no somos capaces de cubrir esos costes de producción", advirtió.

Apostar por la patata de Castilla y León

Por su parte, el secretario de la Interprofesional de la Patata de Castilla y León, Jesús Fernando García, reclamó a supermercados, mercados e industrias que sigan apostando por el producto regional. "Que sigan apostando si pueden un poco más por la patata de Castilla y León", pidió. García defendió la calidad de la producción regional y lanzó también un mensaje a los consumidores. "Que se fijen, que miren, porque no se van a equivocar, van a acertar con su elección si optan por patata de España o de Castilla y León", aseguró.

Tanto las organizaciones agrarias como la Interprofesional coincidieron en la necesidad de garantizar la rentabilidad del agricultor. García subrayó que todos los eslabones de la cadena deben ser rentables, incluidos los productores. "Entiendo que los supermercados o la industria sean rentables, los intermediarios, pero el agricultor, el cultivador de patata, también tiene que serlo", afirmó .

El consejero también reclamó a la distribución que apueste por la patata nacional durante la campaña y criticó que algunos supermercados comercialicen producto de otros países cuando Castilla y León se encuentra en plena recolección. "No nos gusta que en algunos supermercados ya hayamos visto que se comercializa patata en plena campaña de Castilla y León, patata de fuera de Castilla y León", señaló .

Pino pidió además a los consumidores que comprueben el origen del producto. "El consumidor tiene que ir de la mano del agricultor, tiene que mirar el etiquetado, tiene que comprar producto de origen nacional", defendió. En su opinión, se trata de "un producto de calidad donde hay unos controles muy estrictos".

La Junta prevé continuar con la elaboración y actualización de estudios de costes para otros cultivos y sectores, con el objetivo de reforzar los controles de la cadena alimentaria y avanzar hacia una mayor rentabilidad de las explotaciones agrarias. "Una de nuestras grandes preocupaciones y que va a ser el eje transversal de esta legislatura es que los agricultores tengan rentabilidad", concluyó Pino.