El proyecto fotovoltaico Roblasun 2, previsto en el municipio leonés de Rioseco de Tapia, afronta una nueva etapa administrativa que puede resultar decisiva para completar la disponibilidad de los terrenos necesarios para su construcción.

La Junta de Castilla y León ha declarado de utilidad pública la instalación, una resolución que lleva aparejada la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados y permite recurrir, cuando no exista acuerdo con los propietarios, al procedimiento de expropiación forzosa.

La decisión ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y llega después de que el proyecto superara otros dos trámites relevantes: la autorización administrativa previa, concedida en 2023, y la autorización de construcción, otorgada en 2024.

Más de 1,5 millones de metros cuadrados afectados

Uno de los principales datos que explica la declaración de utilidad pública es el grado de acuerdo alcanzado entre la promotora y los propietarios.

Según la resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, Roblasun 2 afecta a 427 parcelas de titularidad particular, con una superficie conjunta de 1.591.117 metros cuadrados.

La empresa promotora, Roblasun 2, S.L.U., ya ha llegado a acuerdos con los titulares de 238 parcelas. Representan el 55,74% del total y aproximadamente 955.000 metros cuadrados, cerca del 60% de la superficie afectada.

Estas cifras son especialmente relevantes porque la normativa autonómica establece que, para poder solicitar la declaración de utilidad pública, deben existir acuerdos sobre más de la mitad de las parcelas y de la superficie afectada. En este caso, ambos porcentajes han sido superados.

Alegaciones de propietarios y otras afecciones

Durante el periodo de información pública también se formularon distintas alegaciones al proyecto. Algunas estaban relacionadas con acuerdos que determinados propietarios aseguraban haber alcanzado previamente con la promotora, mientras que otras hacían referencia a cuestiones hereditarias o a la valoración de las fincas.

También se plantearon posibles afecciones sobre infraestructuras de telecomunicaciones, modificaciones en el trazado de la línea eléctrica y discrepancias relacionadas con el valor de terrenos destinados a usos agrícolas o forestales.

Tras analizar estas cuestiones, la Administración autonómica concluye que ninguna de las alegaciones presentadas impide declarar la utilidad pública del proyecto.

¿Qué cambia con la declaración?

La resolución no significa que todos los terrenos vayan a ser expropiados. El efecto principal es que la infraestructura pasa a contar con el reconocimiento formal de utilidad pública y, con ello, la promotora puede acudir al procedimiento de ocupación de los bienes y derechos afectados cuando no haya sido posible alcanzar un acuerdo con sus titulares.

Es decir, los propietarios que todavía no hayan pactado con la empresa pueden verse afectados por un procedimiento expropiatorio si finalmente resulta necesario para ejecutar la instalación.

El proyecto se incorpora así al creciente número de iniciativas de generación renovable que avanzan en la provincia de León, donde distintas empresas están impulsando nuevas plantas solares y sus correspondientes infraestructuras eléctricas.

La resolución de la Junta todavía puede ser recurrida. Al no poner fin a la vía administrativa, los interesados disponen de un mes para presentar un recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas.