Circular por la AP-66 entre León y Asturias cuesta actualmente lo mismo pese a que las obras que afectan a distintos tramos obligan a los conductores a enfrentarse a carriles cerrados, desvíos y velocidades más reducidas. Esta situación ha llevado a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) a reclamar explicaciones a la Junta de Castilla y León y a preguntar si prevé sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa.

La formación leonesista ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León después de que el Principado de Asturias anunciara que estudia imponer sanciones a la concesionaria por el cobro íntegro del peaje mientras se desarrollan los trabajos.

Para UPL, el problema afecta especialmente a los usuarios procedentes de León y de otras provincias de la Comunidad que utilizan esta vía para desplazarse hacia Asturias. La situación se intensifica durante el verano, cuando aumentan los desplazamientos vacacionales, aunque también afecta a quienes utilizan diariamente la autopista por motivos laborales.

16,20 euros por 78 kilómetros

Uno de los argumentos utilizados por UPL es el precio del recorrido. La tarifa habitual para turismos asciende a 16,20 euros, una cantidad que los leonesistas consideran excesiva teniendo en cuenta las condiciones actuales de circulación.

La AP-66 tiene una longitud aproximada de 78 kilómetros, pero las obras han provocado que determinados tramos funcionen temporalmente con un único carril por sentido, además de restricciones que incrementan los tiempos de desplazamiento. La formación considera que esta situación plantea dudas sobre la justificación de mantener el precio completo del peaje cuando las condiciones de uso de la infraestructura se han visto modificadas.

Una reclamación que viene de finales de 2025

La iniciativa registrada ahora en las Cortes no constituye la primera actuación de UPL contra el peaje de la AP-66.

A finales de 2025, el partido ya presentó un escrito ante la Fiscalía de León en el que solicitaba el cese del cobro del peaje mientras permanecieran las obras que, según su planteamiento, dificultan una circulación cómoda y segura.

UPL sostiene además que el mantenimiento de la tarifa durante estos trabajos podría entrar en conflicto con la normativa de protección de los consumidores y usuarios y cita expresamente el artículo 53 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El debate sobre el futuro del peaje

La formación leonesista también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión más amplia: la continuidad de la concesión de la AP-66. UPL recuerda que la Comisión Europea cuestionó la legalidad de la prórroga de la concesión y que las Cortes de Castilla y León aprobaron en 2024 una Proposición No de Ley, promovida por los leonesistas, para instar al Gobierno de España a eliminar el peaje.

Ahora, el partido quiere conocer si la Junta está dispuesta a adoptar alguna medida similar a la anunciada en Asturias respecto a Aucalsa.