La Junta de Castilla y León tendrá que volver a responder ante el Defensor del Pueblo por la situación sanitaria de El Bierzo. La institución ha enviado un segundo requerimiento a la Administración autonómica después de no recibir la información que había solicitado a raíz de la queja presentada por la Plataforma OncoBierzo.

La asociación ha dado a conocer esta nueva comunicación, en la que el Defensor del Pueblo recuerda a la Junta su "inexcusable deber de colaboración", establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981. El nuevo escrito vuelve a poner el foco sobre la situación del Área de Salud del Bierzo, que presta atención sanitaria a más de 125.000 personas y cuya situación había sido trasladada a la institución por la plataforma.

La reclamación de OncoBierzo recoge diferentes problemas relacionados con la asistencia sanitaria en la comarca. Entre ellos figuran la falta de especialistas, las demoras en la atención, las derivaciones a otros centros y las dificultades para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes.

La plataforma también ha pedido que se estudie la posibilidad de declarar El Bierzo como zona de difícil cobertura sanitaria, una medida que, a juicio de la asociación, podría contribuir a afrontar los problemas relacionados con la disponibilidad de profesionales. Otro de los asuntos incluidos en la queja está relacionado con el incremento del gasto destinado a determinadas prestaciones realizadas en centros sanitarios privados de Ponferrada.

La asociación considera que todas estas cuestiones requieren explicaciones por parte de la Administración y que el silencio mantenido hasta ahora hace especialmente relevante el nuevo requerimiento del Defensor del Pueblo.

Desde la plataforma insisten en diferenciar sus críticas a la gestión sanitaria del trabajo que realizan médicos, enfermeros y el resto de profesionales. OncoBierzo sostiene que su reclamación no cuestiona la labor de los trabajadores sanitarios, sino la obligación de las administraciones de proporcionar los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una asistencia adecuada.

La asociación también señala que no corresponde a los pacientes determinar quién debe asumir responsabilidades administrativas, pero sí consideran legítimo exigir información sobre las decisiones adoptadas, los recursos disponibles y las consecuencias que tienen para quienes necesitan atención médica. En este contexto, OncoBierzo interpreta el segundo requerimiento del Defensor del Pueblo como una señal de la necesidad de que la Junta responda a las cuestiones planteadas. "Detrás de cada demora hay una persona. Detrás de cada derivación hay un paciente. Y detrás de cada profesional que falta hay un servicio que puede funcionar con más dificultad", sostiene la plataforma.