El Tribunal Constitucional no resolverá hasta después del verano si admite a trámite los recursos presentados contra la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La corte tiene sobre la mesa dos recursos que serán analizados de forma conjunta. El primero fue presentado por la Fiscalía, mientras que el segundo corresponde a la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz. Ambos impugnan la misma resolución judicial y afectan al mismo procedimiento, por lo que el Constitucional ha decidido conectar su tramitación. La magistrada María Luisa Segoviano será la encargada de elaborar la ponencia.

Antes de que el tribunal decida sobre su posible admisión a trámite, los recursos deben contar con el informe del letrado correspondiente. Posteriormente, todo apunta a que el asunto será elevado al Pleno del Tribunal Constitucional, dada su relevancia institucional y jurídica.

Sin embargo, antes de abordar el contenido de los recursos, el tribunal deberá resolver varias cuestiones de procedimiento. Una de ellas afecta al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, cuya posible abstención ha sido planteada debido a que fue superior jerárquico de García Ortiz cuando ocupó el cargo de fiscal general del Estado entre 2004 y 2011.

También ha surgido el debate sobre la posible abstención de la magistrada María Luisa Segoviano, después de que algunas fuentes señalaran que expresó públicamente su apoyo al ex fiscal general durante el acto de toma de posesión de su sucesora al frente de la Fiscalía General del Estado. En caso de que no se aparte voluntariamente del procedimiento, alguna de las partes podría solicitar su recusación.

Estas circunstancias podrían modificar la composición del tribunal encargado de decidir si los recursos siguen adelante y, por tanto, influir en el equilibrio de fuerzas dentro del Constitucional.

Una condena recurrida 

Álvaro García Ortiz, que dirigió la Fiscalía General del Estado entre 2022 y 2025, fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración a la prensa de un correo electrónico en el que Alberto González Amador reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, así como por la nota informativa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre esa investigación.

La Fiscalía recurrió la sentencia el pasado mes de abril al considerar que el Tribunal Supremo vulneró derechos fundamentales del ex fiscal general, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías.

Pocos días después, la Abogacía del Estado presentó un recurso en la misma línea, alegando además la vulneración de derechos como la libertad de expresión, la tutela judicial efectiva y la supuesta falta de proporcionalidad y motivación en el registro practicado en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Sobre el indulto

Paralelamente al proceso judicial, el Gobierno sigue estudiando la solicitud de indulto presentada por tres ciudadanos en favor de García Ortiz, que actualmente desempeña funciones en la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo.

El Ejecutivo ya dispone de los informes preceptivos sobre esta petición. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de conceder cualquier tipo de indulto, mientras que la Fiscalía sí respalda un indulto parcial, limitado exclusivamente a la pena de inhabilitación. Aunque estos informes no son vinculantes, servirán de base para la decisión final que deberá adoptar el Consejo de Ministros.