La gestión de más de dos mil vehículos fuera de uso ha llevado a los responsables de un desguace de Ponferrada al banquillo de los acusados. La Fiscalía solicita para ellos tres años de prisión, además de sanciones económicas y la inhabilitación profesional, por presuntos delitos relacionados con la gestión irregular de residuos contaminantes.

El caso será juzgado el próximo 15 de junio en la Audiencia Provincial de León. Según sostiene el Ministerio Público, entre los años 2019 y 2022 el centro autorizado de tratamiento de vehículos incumplió la obligación legal de retirar y entregar a gestores especializados los gases refrigerantes procedentes de los sistemas de aire acondicionado y climatización de los vehículos descontaminados.

La acusación sostiene que, en lugar de proceder a su recuperación y tratamiento, el establecimiento habría liberado directamente a la atmósfera estos gases procedentes de los 2.125 vehículos que fueron dados de baja durante ese periodo.

Las consecuencias ambientales no fueron menores. Los cálculos recogidos por la Fiscalía estiman que se emitieron indebidamente 308,19 kilogramos de gas refrigerante, una cantidad cuyo impacto climático equivale a aproximadamente 440 toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

El perjuicio económico derivado de estas emisiones ha sido valorado en 20.000 euros, por lo que el Ministerio Público reclama una multa de 40.000 euros, equivalente al doble del daño estimado.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita para los responsables del desguace una multa de un año y ocho meses, con una cuota diaria de seis euros, así como dos años de inhabilitación para desarrollar actividades profesionales relacionadas con la gestión de centros autorizados de tratamiento de vehículos o residuos.