La comisión en el Parlamento asturiano que investiga el accidente de Cerredo en el que perdieron la vida cinco mineros leoneses, el 31 de marzo de 2025, ha concluido este viernes la redacción del dictamen. El documento, respaldado por todos los grupos excepto el PSOE, exige responsabilidades políticas que deben concretarse en dimisiones o ceses, y la concesión de ayudas a las víctimas de este siniestro y del ocurrido tres años antes en la misma explotación.

Los letrados de la Cámara redactarán el texto final para que el próximo lunes se apruebe su elevación a pleno. Allí se debatirá y votará durante el mes de junio, recoge EFE.

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, ha mostrado tras la reunión de este viernes la satisfacción por el desarrollo del proceso, en el que las aportaciones de los distintos grupos han mejorado el borrador inicial. Sin embargo, ha criticado el comportamiento "hostil, rayando la pataleta" del grupo socialista.

El PSOE encuentra en las conclusiones de la comisión "defectos estructurales" por su búsqueda de responsabilidades jurídicas o administrativas en lugar de las políticas que corresponden a este órgano.

En concreto, el texto pide la dimisión de cuatro ex consejeros del Gobierno regional y especifica que estás no deben "limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses". Asimismo, se exige responsabilidad en el siniestro a tres altos funcionarios de la administración del Principado, mencionados con nombres y apellidos.

La alusión directa a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos han buscado una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC).

Precisamente, la exigencia de cesar a los funcionarios es uno de los argumentos que esgrime el PSOE para hablar de un "error de base". Insisten en que se está interpretando la documentación desde una perspectiva jurídica que no compete al Parlamento.

El texto incorpora además la exigencia de una línea de ayudas para las víctimas de los accidentes de Cerredo en 2022 y 2026 en los que murieron seis mineros y otro resultó herido grave. Esta compensación, dice el dictamen, no puede ser considerada como un adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de los fallecidos y al trabajador herido.

IU/CA, socio de gobierno del PSOE, que sí ha consensuado el texto con el resto de grupos, ha descartado que la discrepancia en el dictamen de la comisión de investigación pueda desestabilizar el Ejecutivo.  Su portavoz, Xabel Vegas, ve las posiciones "opuestas" de ambas formaciones como "normalidad democrática".

Para el diputado popular, Rafael Alonso, la comisión ha demostrado ser necesaria, pese a la oposición inicial de los socialistas, y evidencia "el caos sistémico" en la administración, que posibilitó que la empresa concesionaria del yacimiento estuviera extrayendo carbón pese a carecer de autorización para ello.