El decano de la Abogacía de León, David Díez Revilla, ha denunciado la "sangrante y dramática" situación que vive el juzgado de Villablino, a su entender, "el más caótico de la provincia".

Díez, que asumió la presidencia del Colegio de Abogados en octubre de 2025, ha convocado este jueves una comparecencia para analizar la coyuntura de la provincia después de la implantación, el pasado año, de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una normativa a la que han apodado sarcásticamente "ley de ineficiencia", recoge Ical. Las consecuencias del cambio -ha esgrimido el decano- han "generado la tormenta perfecta para un colapso de la Justicia".

Su aplicación ha generado una atmósfera de "caos para ciudadanos y profesionales, con nuevos retrasos, falta de especialización, carencia de medios personales y tecnológicos", ha lamentado.

Sobre los juzgados en la comarca de Laciana, Díez Revilla ha explicado que se han mejorado las instalaciones, pero la falta de personal y la temporalidad de las plazas ha provocado retrasos "demenciales" de más de dos años en las tramitaciones, lo que compromete la eficacia de los procedimientos. "Los operadores jurídicos están poniendo de su parte, pero no es suficiente. La Administración tiene que tomar medidas porque se genera desprotección", ha sostenido.

La jueza actual "está tirando con todo lo que puede, pero lo que se encuentra desborda a cualquiera", ha opinado. Por ello, ha instado a reforzar las plantillas actuales y a crear incentivos para la ocupación de puestos en zonas periféricas que acusan la despoblación, como la del noroeste de León.

El Colegio de Abogado de León ha insistido en que es necesario "facilitar la burocracia para que se puedan resolver trámites administrativos en las zonas rurales y formar al personal necesario para poder hacerlo", un trabajo que ahora se centraliza en las ciudades. En este sentido, que un territorio tan extenso como Castilla y León no tenga transferidas las competencias de Justicia puede perjudicar al funcionamiento del sistema, han destacado. En provincias como León, las suspensiones judiciales por imposibilidad de desplazamiento, por factores como la distancia o la climatología, suponen un importante sobrecoste al ciudadano que podría resolverse con el uso de servicios electrónicos y telemáticos, han añadido.

Villablino se lleva la peor parte, pero en otros juzgados como los de Ponferrada, la "sobrecarga, escasa especialización y una falta de estabilidad en los titulares" también afecta directamente a la tramitación. La saturación del sistema en la capital berciana ha llevado a que se produzcan "declaraciones fuera de plazo en procedimientos sensibles" como los relacionados con la violencia de género.

Violencia sobre la mujer

"La comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer", que en la teoría busca proteger a las víctimas con la ventaja de la proximidad, está llevando a una centralización en la práctica.

En partidos judiciales como Astorga y La Bañeza, la extensión territorial, la dispersión de cuarteles y dependencias y el compartir la lista de letrados de turno que atienden los casos obliga a recorrer largas distancia a los letrados, lo que compromete la inmediatez y eficacia de la asistencia.

"Hablamos de retrasos preocupantes, declaraciones de la víctima fuera de los plazos de la ley. Esperamos que la digitalización facilite evitar los desplazamientos y el coste que generan. Es complejísimo", ha subrayado Díez Revilla.