La Audiencia Provincial de León ha emitido este jueves la sentencia del juicio a los dos manifestantes acusados de agresión y amenazas al presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, durante una concentración celebrada el 11 de abril de 2024 a las puertas de la sede del PSOE en Ponferrada. La resolución judicial condena únicamente a uno de los dos participantes por un delito de lesiones y absuelve a ambos de las acusaciones por amenazas.

Asimismo, el magistrado provincial no considera probado el delito de atentado contra la autoridad que se imputaba al condenado, que no tendrá que enfrentarse a la pena de prisión de cinco años que pedían para él la Fiscalía y la acusación particular. No obstante, sí tendrá que hacerse cargo de una multa de 1.600 euros por la patada que propinó al político socialista berciano, al que tendrá que indemnizar además con 1.500 euros por daños morales.

El Partido Socialista de Ponferrada valora positivamente la sentencia condenatoria: "Celebramos que haya habido una condena para que este tipo de hechos no queden sin ninguna sanción penal", han subrayado. Lamentan, sin embargo, las exculpaciones y plantean interponer un recurso por la absolución del delito de atentado contra la autoridad y de amenazas. Según ha trasladado la formación y recoge Ical, "el tribunal parte de que sí se produjo la expresión "quieres unas hostias", pero concluye que no reúne la entidad suficiente para integrar un delito de amenazas, al no apreciarse que el perjudicado hubiera sentido un miedo real e inmediato de que la agresión fuera a producirse".

La Audiencia de León tampoco considera probado que el condenado conociera a Ramón, por lo que le exime de las acusaciones de atentado contra la autoridad. El presidente del Consejo Comarcal, por su parte, discrepa de la decisión judicial e insiste en que "hay una grabación en la que él identifica a Pedro Sánchez como mi jefe", por lo que considera "evidente" que sabía de quién se trataba.

El fallo dictado por la Audiencia Provincial de León no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.