La investigación comenzó en octubre de 2022 tras una denuncia de las autoridades lituanas, que alertaban del uso de una plataforma financiera para canalizar fondos procedentes de estafas. A partir de ese momento se conformó un Equipo Conjunto de Investigación liderado por España con el apoyo de Lituania, al que se unieron posteriormente Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria bajo la coordinación de EUROJUST y el soporte analítico de EUROPOL. El análisis reveló que la red criminal había estado operando desde 2019 mediante plataformas fraudulentas de inversión, conocidas como 'chiringuitos financieros', causando graves perjuicios a miles de víctimas en más de treinta países europeos. 

Teleoperadores, sociedades pantalla y conversión a criptoactivos

El modus operandi consistía en captar inversores mediante páginas web profesionales y falsas gestoras de inversión, que ofrecían rentabilidades irreales en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos.

La organización criminal contaba con teleoperadores que, bajo una aparente profesionalidad, se ganaban la confianza de las víctimas para inducir a realizar transferencias bancarias a cuentas a nombre de sociedades pantalla. Estas sociedades, en realidad, carecían de actividad económica real y solo servían como receptoras del capital obtenido fraudulentamente.

Una vez que la organización criminal recibía los fondos, eran inmediatamente fraccionados y enviados a exchanges de criptomonedas reales donde eran convertidos a criptoactivos –BTC y USDT- y remitidos a direcciones opacas controladas por la propia organización.

El pasado 17 de septiembre se llevó a cabo la fase de explotación con dispositivos policiales coordinados en cinco países en una acción que se saldó con seis detenidos  y cinco registros domiciliarios y societarios. Uno de los principales investigados, residente en Portugal, fue localizado en Barcelona por los agentes españoles.

Además, se emitió una orden internacional de detención contra otro de los investigados que no pudo ser arrestado en Italia. En los registros se intervinieron 10.700 euros en efectivo, criptomonedas por un valor aproximado de 80.000 euros y 20.000 dólares, seis lingotes de oro, monedas de plata y diversas joyas, además del embargo de 83 cuentas bancarias en España y otros países europeos.

102,9 millones de euros defraudados

El volumen económico defraudado asciende a 102.908.705 euros, de los cuales más de 12,2 millones tienen origen en víctimas residentes en España. Esta cifra se basa en movimientos bancarios verificados y trazabilidad de criptoactivos, aunque se estima que las pérdidas reales pueden ser aún mayores debido a víctimas que no han denunciado.