El pasado martes 2 de septiembre, Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Castilla y León contra el Ejecutivo autonómico. La formación morada acusa al gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco de obrar de manera "negligente, temeraria y criminal" ante la oleada de incendios forestales del pasado agosto que ha destruido cerca de 150.000 hectáreas de monte y se ha cobrado la vida de tres personas.

El coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha explicado que la denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se dirige a la Junta en general, y a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio "en particular". A su criterio, es el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones quien debe dimitir "de forma inmediata" y, en caso contrario, ser cesado por Mañueco, "que si no lo hace por miedo a que el consejero tire de la manta o de la enredadera, quedará inhabilitado también como presidente del Gobierno regional".

Podemos vertebra su denuncia en la "inactividad" de la Junta previa a la crisis, una "irregular y encubierta privatización" del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, la "fragmentación irregular de contratos" y la "discontinuidad del Servicio de Prevención y Extinción", conductas que, entienden, son "presuntamente delictivas".

La "inactividad" a la que se refiere Llamas, según declaraciones recogidas por Europa Press, tiene que ver con la demora en la aprobación del Decreto Infocal, el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales, cuya modificación fue requerida en 2013 por normativa estatal y, de nuevo, en 2019 por parte del Procurador del Común, y no ha sido actualizado hasta marzo de 2025. "El plan tenía que incorporar los municipios con especial riesgo de incendios forestales, algo que supone un hecho extremadamente grave porque ha supuesto una merma de la seguridad colectiva de la población", ha manifestado el coordinador de Podemos CyL.

Además, la formación morada entiende que la privatización del operativo de extinción se ha llevado a cabo de manera "irregular" ya que no existe un marco normativo que lo posibilite, y esto "supone una clara cesión ilegal de trabajadores" a empresas privadas. El líder de Podemos encuentra también una supuesta ilegalidad en la "fragmentación irregular tanto de contratos como, por ende, del operativo a través de la sociedad Somacyl y de la Fundación del Patrimonio Natural para eludir controles procedimentales".

Por último, Llamas acusa directamente al consejero de Medio Ambiente de una "vulneración sistemática de los derechos laborales de los trabajadores" relacionada con el aumento de los contratos fijos discontinuos y temporales.

Más allá de los ejes expuestos para denunciar la negligente gestión de la Junta, Podemos ha acusado a Suárez-Quiñones de mentir al establecer en 4.700 los efectivos del operativo de extinción, aseguran que el contrato de seguro colectivo cifra en 2.500 los trabajadores asegurados. Según Llamas, "el truco contable del señor Quiñones consiste en contar dos veces a las personas del operativo que realizan de forma simultánea labores de prevención y extinción".