El Ministerio de Sanidad impondrá el próximo miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios en toda España para igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya la han implantado.

Así lo han informado a EFE fuentes del departamento que dirige Mónica García, que especifican que lo hará mediante una declaración de actuaciones coordinadas regulada por el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y que "obliga a todas las partes" incluidas en ella.

El miércoles es cuando acaba el plazo para que las distintas autonomías analicen la propuesta que este lunes les ha trasladado el Ministerio de retomar el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios, que hasta ahora solo han aceptado seis: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y, desde mañana, Canarias y Asturias.

Mientras, el resto aboga por un uso recomendado y así se lo han hecho saber a la ministra durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que varios consejeros le han pedido que acompañe los criterios técnicos que avalan esta medida.

Sin embargo, la declaración de actuaciones coordinadas implicará que ellas también deban imponerla.

La intención de Sanidad es unificar la protección de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan, además de dar un soporte jurídico a las comunidades que sí que han optado por hacerla obligatoria en centros de salud y hospitales.

Esta fórmula ya se utilizó durante la pandemia de covid-19 para imponer restricciones como limitaciones horarias de la hostelería, cerrar el ocio nocturno o prohibir fumar en la calle una vez las comunidades recuperaron sus competencias al acabar el estado de alarma.

De acuerdo con la citada ley, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, "en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas".

Esta declaración, que "obliga a todas las partes incluidas en ella", debe "responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública", entre otros supuestos.