La Comisión Europea ha aprobado un régimen español de ayudas públicas a cargo del fondo de recuperación europeo que destinará 88,3 millones de euros para apoyar la prestación de servicios mayoristas y minoristas de banda ancha en las zonas rurales de España.

Bruselas valora que el plan ofrece una solución temporal para facilitar y acelerar el acceso a servicios de banda ancha fija "eficaces a precios asequibles" y concluye tras su evaluación que es una ayuda "necesaria y proporcionada" para subsanar deficiencias del mercado, como por ejemplo servicios asequibles en zonas remotas.

Los servicios comunitarios precisan que la existencia de la deficiencia ha sido evaluada mediante cartografía de las infraestructuras y servicios de banda ancha disponibles y con una consulta pública realizada por las autoridades españolas, que, no obstante, deberán revisar anualmente la determinación de las zonas objetivo en el marco del régimen.

El aval de la Comisión, que necesita también la adopción por el Consejo antes de formalizar su aprobación, se apoya también en que el régimen de ayudas tendrá un efecto "incentivador" porque apoyará la adopción por parte de los usuarios finalesde servicios de banda ancha eficaces en zonas en las que los precios sean muy superiores a los precios cobrados en las zonas más pobladas.

El régimen cuenta con salvaguardias suficientes para garantizar que los falseamientos indebidos de la competencia sean limitados y que las ayudas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común.

En particular, todos los beneficiarios del régimen se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. Además, la ayuda garantiza un acceso equitativo, abierto y no discriminatorio a los servicios mayoristas subvencionados.

Este programa, bautizado como Único Demanda Rural, busca llevar la conectividad a zonas ultrarrurales mediante otras alternativas más allá de la fibra óptica como la conexión vía satélite o la tecnología terrestre inalámbrica.

El plan está enfocado a ciudadanos y empresas situados en zonas donde no existen alternativas para disponer de una conectividad de más de 100 Mbps a través de la red general y subvencionará la instalación de equipamiento y el alta de los usuarios finales del servicio minorista de acceso de conexión a banda ancha.

Este programa se complementa con las ayudas de Único Banda Ancha para el despliegue de fibra óptica en zonas rurales y las recientes ayudas aprobadas para conectar torres de telecomunicaciones en zonas rurales con fibra óptica, un paso clave a la hora de desplegar 5G en pueblos y zonas de baja densidad poblacional. El objetivo del Gobierno es que la totalidad del territorio esté cubierto en 2025 con una conectividad de, al menos, 100 Mbps.