España conoce todavía muy poco sobre el riesgo de desaparición de miles de especies que habitan en su territorio. Aunque el país cuenta con una de las biodiversidades más ricas de Europa, apenas una pequeña parte de su fauna, flora y hongos ha sido evaluada con los criterios internacionales que permiten determinar si está amenazada. Un equipo científico en el que participan investigadores de la Universidad de León trabaja para cambiar esta situación.

El estudio, publicado en la revista científica Oryx, pone cifras a esta carencia: de las 63.981 especies silvestres registradas en España, solo 2.687 han sido evaluadas con los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esto representa apenas el 4,2 % del total.

El dato deja una incógnita importante para la conservación ambiental: qué ocurre con las decenas de miles de especies cuyo estado no se conoce con suficiente precisión. La falta de evaluaciones no significa que todas estén amenazadas, pero sí dificulta detectar a tiempo cuáles corren peligro y necesitan medidas de protección.

Tres investigadores de la Universidad de León participan en el estudio

León tiene un papel destacado en esta investigación a través de Carmen Acedo, Javier Quinto y Estrella Alfaro, tres investigadores de la Universidad de León (ULe). En el trabajo también participan especialistas vinculados al Grupo Español de Especialistas en Especies de la UICN, una iniciativa que promueve el conocimiento y la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad española.

El equipo advierte de que la información disponible está muy desigualmente repartida entre los distintos grupos de seres vivos. Algunas especies, como las aves, los mamíferos terrestres y las mariposas, cuentan con más estudios científicos y programas de seguimiento. En cambio, otros organismos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas siguen siendo grandes desconocidos.

Entre los grupos con mayores carencias de información figuran numerosos insectos, moluscos, arañas, algas, hongos, musgos y hepáticas. Muchos de ellos cumplen funciones importantes en los ecosistemas, desde la descomposición de materia orgánica hasta la polinización o el mantenimiento de las cadenas alimentarias.

El problema es doble: faltan datos sobre numerosas especies y también especialistas capaces de estudiarlas y evaluar su situación. Sin esa información, resulta más difícil establecer prioridades y decidir dónde concentrar los esfuerzos de conservación.

Las listas de especies protegidas tampoco coinciden

La investigación detecta otra dificultad: los sistemas de evaluación científica y los mecanismos legales de protección no siempre identifican a las mismas especies.

Según los datos recogidos en el estudio, 935 especies cuentan con algún régimen estatal de protección en España, pero solo 97 aparecen también entre las especies amenazadas evaluadas por la Lista Roja de la UICN.

En sentido contrario, centenares de especies consideradas en riesgo a escala internacional no figuran en los principales catálogos españoles de protección. Estas diferencias muestran que los instrumentos existentes no ofrecen una imagen completa y coordinada de las necesidades de conservación.

Para los autores, mejorar la información científica es necesario para detectar estas lagunas y facilitar que las decisiones ambientales respondan al estado real de las especies, en lugar de depender de datos parciales o desactualizados.

Evaluar miles de especies y anticiparse a su desaparición

Ante esta situación, el Grupo Español de Especialistas en Especies de la UICN plantea desarrollar una Lista Roja nacional de la biodiversidad, basada en los criterios internacionales de la organización. La propuesta busca evaluar miles de especies durante los próximos años y establecer un sistema de seguimiento que abarque los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce.

La herramienta permitiría conocer mejor qué especies están amenazadas, identificar aquellas sobre las que apenas existe información y observar cómo evoluciona su estado de conservación con el paso del tiempo.

Los investigadores esperan que este trabajo ayude también a orientar la inversión pública, establecer prioridades ambientales y mejorar la gestión de los espacios naturales. El propósito es actuar antes de que el deterioro de una población sea irreversible.