La Junta de Castilla y León establecerá un régimen permanente para las viviendas de protección pública que construya cuando hayan recibido financiación del Gobierno central o de instituciones europeas. El cambio se recoge en el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas elaborado por el Ejecutivo autonómico. La modificación entrará en vigor el 1 de enero y supondrá un cambio respecto al régimen actual, que establece un periodo de salvaguarda de 15 años para las viviendas de protección pública desde la concesión de la licencia de primera ocupación.

En el caso de las viviendas protegidas de promoción privada, actualmente pueden ser desclasificadas a partir de los diez años si se cumplen determinadas condiciones. Entre ellas se encuentra que el suelo no haya sido cedido o enajenado por una administración pública o, en ese caso, que exista conformidad expresa. Además, si se han recibido ayudas públicas, estas deben reintegrarse previamente y debe cancelarse el préstamo hipotecario obtenido mediante financiación pública o adaptarse sus condiciones a la nueva situación.

La Junta justifica la modificación del régimen legal por "razones graves de interés público". En la exposición de motivos del anteproyecto, el Gobierno autonómico expresa además su "disconformidad" con la política estatal en materia de vivienda. Sin embargo, considera necesario adaptar la normativa autonómica para poder acceder a las ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, así como a aquellas actuaciones que cuenten con financiación europea, incluidos los fondos FEDER o los recursos procedentes del Banco Europeo de Inversiones.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico pretende evitar renunciar a unos fondos que, según sostiene en el texto, "en todo caso tiene derecho" a recibir Castilla y León.

378 millones para vivienda en Castilla y León

El Plan Estatal de Vivienda contempla para Castilla y León una dotación prevista de 378 millones de euros, de los que 43 millones corresponderán al primer año de aplicación. La cifra supone un incremento notable respecto al programa anterior, que entre 2022 y 2025 asignó a la Comunidad 110 millones de euros.

Los fondos se dirigirán principalmente a la construcción de nuevas viviendas, que deberá concentrar al menos el 40 % de los recursos, mientras que otro 30 % se destinará a la rehabilitación del parque residencial existente. El 30% restante estará orientado a ayudas al alquiler y a la compra, con especial atención a jóvenes, víctimas de violencia machista y colectivos vulnerables.

La Junta prevé impulsar 5.000 nuevas viviendas protegidas

El Gobierno autonómico proyecta construir e impulsar al menos 5.000 nuevas viviendas protegidas durante la actual legislatura. Esta cifra se sumará a las 1.300 viviendas que actualmente se encuentran en construcción.

La previsión fue avanzada en las Cortes por la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, quien anunció además un incremento del 80 % en la inversión destinada a las políticas de vivienda. Una parte de este objetivo se desarrollará mediante los Planes Regionales de Ámbito Territorial (PRAT) que ya han sido aprobados o se encuentran en tramitación.

Más de 1.400 viviendas a través de los planes territoriales

Los cuatro PRAT previstos en Segovia, Aguilar de Campoo, Medina de Rioseco y Ólvega permitirán desarrollar 1.455 nuevas viviendas, de las que 814 serán protegidas. A estos proyectos se sumarán otros tres planes en Viana de Cega (Valladolid), Guijuelo (Salamanca) y Paredes de Nava (Palencia), que permitirán añadir otras 558 viviendas, con 366 protegidas.

La planificación de la Junta contempla además 126 viviendas mediante planes parciales y otras 808 a través de diferentes actuaciones urbanísticas en Fuensaldaña (Valladolid), Villamuriel de Cerrato (Palencia) y Valladolid. El cambio normativo planteado por el Ejecutivo autonómico permitirá así que las nuevas promociones protegidas que reciban financiación pública estatal o europea mantengan su condición de vivienda protegida de forma permanente, al tiempo que Castilla y León busca garantizar su acceso a los recursos económicos previstos para los próximos años.