Castilla y León contará con 254.232 euros para reforzar la formación especializada de los profesionales que trabajan en atención temprana, con el objetivo de mejorar la prevención, la detección precoz y la intervención ante posibles trastornos del desarrollo en niños de entre 0 y 6 años.

El programa, denominado 'Formación 360: Capacitación para el Consenso de la Atención Temprana', será gestionado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y se desarrollará entre diciembre de 2026 y noviembre de 2029, según recoge este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Del presupuesto total, 152.539 euros serán financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), mientras que la Junta de Castilla y León aportará los 101.693 euros restantes.

La iniciativa está dirigida a profesionales de sanidad, educación infantil, servicios sociales y atención temprana, que recibirán herramientas actualizadas y basadas en la evidencia científica para identificar factores de riesgo en el desarrollo infantil, acompañar a las familias y facilitar una derivación rápida a los servicios especializados.

El proyecto prestará además especial atención a los menores que viven en situaciones de vulnerabilidad social o económica, con el propósito de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de atención temprana y garantizar una atención de calidad en todo el territorio de Castilla y León.

Cuatro fases de actuación

El programa se desarrollará en cuatro fases: un diagnóstico de las necesidades formativas, el diseño curricular y metodológico, la ejecución de las acciones de formación y, finalmente, la evaluación de los resultados.

La propuesta apuesta por un modelo interdisciplinar, en el que profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales trabajen de forma coordinada y con una intervención centrada en las necesidades de cada niño y su familia.

El medio rural tendrá también un papel destacado dentro del programa, dada la dispersión geográfica de Castilla y León. La iniciativa busca mejorar la coordinación entre los diferentes servicios públicos para facilitar que los menores que viven en zonas rurales puedan acceder a una atención temprana adecuada.

El convenio se enmarca en el Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y cofinanciado con fondos europeos. Su vigencia se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2029.