Asimismo, el instructor ha dado traslado del procedimiento a la Fiscalía y al resto de las partes para que, en el plazo de cinco días, soliciten las diligencias complementarias que consideren oportunas. También ha comunicado la apertura del sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, órgano competente para celebrar el juicio en caso de que finalmente se acuerde la apertura de juicio oral. La causa se inició a raíz de la querella presentada por una inspectora de la Policía Nacional, que denunció al exDAO por presuntos delitos de coacciones y agresión sexual.

Según ha informado la acusación particular, ejercida por el abogado Jorge Piedrafita, antes de adoptar esta decisión el juzgado practicó diversas diligencias de investigación solicitadas por la representación de la denunciante. Entre ellas figuran la incorporación de informes médicos y psicológicos sobre los daños sufridos por la inspectora, así como varios audios con los que la acusación pretende acreditar la verosimilitud del relato de la víctima y cuestionar la versión ofrecida por el investigado durante su declaración.

El letrado ha anunciado además que, dentro del plazo concedido por el juzgado, aportará nuevas pruebas con el objetivo de "reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de sustentar el relato de la víctima". Por su parte, la defensa de José Ángel González ha solicitado al juzgado que concluya el sumario sin dictar auto de procesamiento al entender que la investigación no ha permitido reunir "indicios racionales de criminalidad" que sostengan la imputación. En un escrito presentado por el despacho Fúster-Fabra, al que ha tenido acceso EFE, la defensa sostiene que la querella carece de fundamento jurídico y probatorio y denuncia el "daño irreparable" causado al investigado.

En concreto, argumenta que la principal prueba aportada por la denunciante -una grabación correspondiente a la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025- no solo no corroboraría la existencia del delito, sino que, a su juicio, desmentiría la versión de la querellante. Asimismo, cuestiona la credibilidad del testimonio de la inspectora al considerar que presenta contradicciones y no reúne los requisitos exigidos para fundamentar por sí solo una acusación.

La defensa añade que en la conversación grabada se aprecia un contexto marcado por los celos y por un supuesto interés de carácter profesional de la denunciante hacia quien entonces ocupaba el cargo de director adjunto operativo de la Policía Nacional. También sostiene que el resto de las pruebas incorporadas a la causa, incluidas otras conversaciones y los informes médicos, no respaldan la existencia del presunto delito.