El grupo empresarial peruano Gloria ha reconocido haber pagado 200.000 euros al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por labores de asesoramiento e intermediación en Bolivia, aunque insiste en que esa contratación nunca tuvo como objetivo influir en procedimientos judiciales abiertos en ese país.

La compañía trasladó esta explicación en una comunicación remitida el pasado 1 de julio a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, en la que defiende que la participación de Zapatero se limitó a facilitar el diálogo con las autoridades bolivianas para intentar resolver un conflicto económico que se prolonga desde hace más de una década.

Según expone Gloria, el encargo estaba relacionado con la situación de Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de sus filiales, que reclama desde hace 16 años la indemnización correspondiente por la expropiación de su participación del 33 % en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).

La empresa sostiene que el exjefe del Ejecutivo español participó en varias reuniones entre representantes del grupo y responsables del Estado boliviano con el único propósito de acercar posiciones y favorecer un acuerdo que permitiera el pago de esa compensación. Sin embargo, asegura que esas gestiones no dieron resultado y que la deuda sigue pendiente de pago.

En su comunicado, Gloria rechaza de forma tajante las informaciones que apuntan a que Zapatero habría tratado de intervenir en procesos judiciales relacionados con este conflicto. La compañía afirma que esa interpretación responde a una "insinuación interesada" y recalca que su actuación siempre se desarrolló dentro de cauces legales y sin intención de alterar el funcionamiento de la Justicia boliviana.

Como parte de la documentación enviada al regulador peruano, Soboce también remitió una carta al ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, en la que recuerda que, además del litigio por la expropiación, la empresa fue condenada a pagar 744 millones de bolivianos, alrededor de 94 millones de euros, por un caso de competencia desleal.

La filial de Gloria considera que esa resolución judicial ha terminado convirtiéndose en un obstáculo para que el Estado boliviano afronte la indemnización que, según sostiene, continúa pendiente desde hace más de una década y media.

En la misma carta, la empresa insiste en que todas las propuestas planteadas para alcanzar un acuerdo extrajudicial se han realizado de buena fe y niega que cualquiera de esas iniciativas estuviera orientada a presionar a los tribunales o modificar el desarrollo de los procedimientos judiciales abiertos en Bolivia.

Este reconocimiento llega mientras José Luis Rodríguez Zapatero figura como investigado en la Audiencia Nacional dentro de una de las líneas de investigación vinculadas al caso Plus Ultra. Además, los investigadores de la Policía española sostienen que existen indicios de que el expresidente habría desarrollado gestiones en favor de los intereses del Grupo Gloria ante responsables de la anterior Administración boliviana, entre ellos el entonces presidente Luis Arce, a cambio de los 200.000 euros abonados entre 2024 y 2025.

Los investigadores sospechan que esos pagos pudieron justificarse mediante contratos de asesoría que, presuntamente, no llegaron a materializarse, una hipótesis que forma parte de la investigación judicial y que el grupo empresarial rechaza, al defender que la contratación respondía exclusivamente a labores de mediación institucional para intentar resolver un conflicto económico pendiente desde hace 16 años.