El nuevo paquete de medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio no incluye la extensión de la bonificación del IVA de los carburantes, que volverá el próximo 1 de julio al tipo general del 21 % después de más de tres meses al gravamen reducido del 10 %.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el apoyo fiscal se concentrará en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre, publica Efe. 

Además, se mantiene la ayuda al gasóleo agrícola y añade 165 millones de euros para la compra de fertilizantes. Como en el anterior decreto, "mantenemos el alivio en el caso de los profesionales del sector primario y del transporte", ha asegurado Cuerpo, en alusión a la subvención de un máximo de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo de uso agrícola y para los buques pesqueros.

El primer paquete de ayudas, aprobado en marzo pasado, rebajaba tanto el IVA (del 21 % al 10 %) como el impuesto de hidrocarburos (al mínimo permitido por Bruselas, lo que equivalía a un descuento de 14,49 céntimos por litro de gasolina de 98 octanos y 4,9 céntimos por litro de gasóleo).

"Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales retiraremos de forma progresiva el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares", ha explicado Cuerpo.

El decreto incluye una cláusula de reactivación por la que la bonificación del impuesto de hidrocarburos se situará en 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes supera el 15 % y, de la misma manera, se recuperarán las bonificaciones fiscales para la electricidad y el gas si se encarecen más de un 15 %.

Al mismo tiempo se refuerza los mecanismos de control y transparencia en los precios de las gasolineras, con más atribuciones para la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) como la publicación de las estaciones de servicio con comportamientos anómalos, que rondaron el medio centenar en el último análisis.

El nuevo paquete de medidas tendrá un coste de 1.825 millones de euros este año, según el Gobierno, a lo que se añaden 2.700 millones por la rebaja progresiva del impuesto de producción eléctrica al 5 % en 2026, el 3,5 % en 2027 y la total desaparición en 2028.