El acusado de provocar el incendio forestal que el pasado verano calcinó más de siete hectáreas de matorral, monte bajo y arbolado en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, Juan Esteban G.Q., aceptó este martes una pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día como autor de un delito continuado de incendio forestal, tras reconocer ante la Audiencia Provincial de León los hechos por los que se le detuvo en el mes de agosto, publica Ical. 

El acusado mostró su beneplácito ante el juez con el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes ante la propuesta presentada de forma conjunta entre el Ministerio Fiscal y la letrada de la Junta de Castilla y León, de forma que evitó tener que enfrentarse a la sesión judicial que se debería haber llevado a cabo en la Audiencia de León.

Los hechos reconocidos por Juan Esteban tuvieron lugar el 28 de agosto del pasado año, cuando sobre las 17 horas procedió a prender fuego en siete puntos distintos a lo largo de un kilómetro de una zona boscosa del término municipal de Berlanga del Bierzo.

Un vecino que circulaba con su vehículo por la zona vio a Juan Esteban G.Q. cuando salía de la zona boscosa y le pidió que le llevara al pueblo, pero este se negó y puso los hechos en conocimiento de un agente medioambiental que localizó al acusado en las cercanías del punto de inicio del incendio, ante el que además admitió haber sido él el autor del fuego.

Sin embargo, prosigue Ical, ante la necesidad de contener el incendio y el peligro para la población, el agente dejó libre al acusado, que se internó de nuevo el bosque, donde fue detenido poco después por la Guardia Civil, a uno de los cuales también reconoció haber sido el autor del incendio.

El incendio ocasionado por el acusado se dio por controlado a las 16.20 horas del día 29 de agosto y, finalmente quedó extinguido a las 12.15 horas del 4 de septiembre, tras calcinar 7,09 hectáreas totales, de las que 2,09 fueron de terreno arbolado y cinco de matorral y monte bajo. Además, el fuego puso en peligro a los vecinos de Berlanga del Bierzo, que tuvieron que ser evacuados, por lo que llegó a alcanzar el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR 2) declarado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

Tras la detención del acusado, el Juzgado de Instrucción número uno de Ponferrada, en funciones de guardia, acordó su libertad provisional con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud, aunque posteriormente ingresó en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, donde permanece hasta la fecha y donde cumplirá el resto de la condena aceptada.

No obstante, la Fiscalía señala en su escrito de calificaciones que, a pesar de estar afectado por un coeficiente intelectual límite con personalidad disocial, "no presenta alteraciones de sus capacidades volitivas e intelectivas", de forma que "es consciente de la magnitud y alcance de sus acciones".

Además, se da la circunstancia de que el día anterior, 27 de agosto, fue visto por dos vecinos mientras procedía, sobre las 21 horas, a "agrupar material incendiario en forma de restos de arbustos y material vegetal" en los alrededores de su vivienda, situada en la localidad de Langre.

De acuerdo con el escrito de calificaciones, una vez realizados varios montones de material inflamable, el acusado procedió a prenderles fuego sobre las 3.30 horas de la madrugada del 28 de agosto, generando cinco puntos de ignición mediante mechero, aunque los conatos no llegaron a expandirse debido a la rápida intervención de dos agentes de la Guardia Civil, que localizaron al acusado en el lugar.

Además de los cuatro años, seis meses y un día de prisión, aceptados, el acusado tendrá que hacer frente a una multa de 4.326 euros, además del pago de más de 70.000 euros, en concepto de responsabilidad civil, por los costes de extinción y los daños a propietarios particulares. Concretamente, serán 44.700 a la Junta de Castilla y León, 17.800 al Gobierno de España y 7.700 a los titulares de los montes particulares.