El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha decidido invalidar la tasa de tratamiento de residuos de la Diputación de León. Así lo ha confirmado portavoz socialista, Santiago Dorado, al ser preguntado por esta cuestión durante el pleno ordinario del pasado miércoles.

El alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por un particular contra la ordenanza aprobada en diciembre de 2023, después de la disolución del consorcio provincial Gersul, que se encargaba de ese servicio.

El TSJ, que ha rechazado la mayoría de los argumentos que denunciaban la supuesta negligencia del Gobierno provincial, sí que ha detectado una irregularidad en la ordenanza fiscal que se puso en marcha el 1 de enero de 2024.

La justicia estima que el modelo de gestión directa de la Administración, a través de un contrato de concesión a una empresa privada, no está "suficientemente justificado". Según ha explicado Dorado, el tribunal de la comunidad autónoma pone en duda que el tratamiento de residuos gestionado por la UTE Legio VII sea la alternativa más eficaz, y cuestiona el hecho de que no se hayan contemplado otras opciones como la gestión pública.

La decisión del TSJ deja en el aire la legitimidad de los recibos emitidos en los últimos tres ejercicios, incluido el de 2026, en los municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes.

Ahora, queda pendiente conocer si el Tribunal Supremo admitirá o no el recurso de casación que el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, ya ha anunciado que va a presentar. Courel ha defendido el actual modelo de gestión, que fue votado por unanimidad y "se hizo bien y adecuadamente, con los informes técnicos". El socialista confía en que el Alto Tribunal tenga en cuenta sus pretensiones y revoque el auto del TSJCyL.