Un matrimonio acusado de un delito de estafa agravada cometida contra su nuera, una mujer con discapacidad auditiva, con la intención de quitarle un piso, ha reconocido este martes los hechos y ha aceptado una pena de seis meses de prisión y el pago de 720 euros de multa.

En la Audiencia Provincial de León, las partes se han remitido a un documento que suscribieron y que estableció una condena de seis meses de prisión y cuatro meses de multa a razón de seis euros diarios además de la responsabilidad civil, una pena que ambos acusados han aceptado tras reconocerse autores de los hechos.

En sus calificaciones provisionales el Ministerio Fiscal consideró que los procesados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y confianza de la víctima tras la muerte de su marido en 2005.

A partir de entonces, la mujer pasó a ostentar el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.

Según la acusación, los suegros le plantearon una operación que ella entendió como un intercambio de derechos, pero que, en realidad, terminó siendo una compraventa formalizada en notaría en marzo de 2011 por algo más de 17.000 euros.

La clave del caso radica en que, al parecer, la mujer habría firmado convencida de que se trataba de una permuta, sin ser consciente de que estaba perdiendo sus derechos hereditarios.

La Fiscalía sostiene además que la víctima, con una discapacidad del 57 por ciento por hipoacusia bilateral severa, no contó con intérprete de lengua de signos ni con medidas que garantizaran la correcta comprensión del documento durante el acto notarial.

También mantiene que nunca llegó a percibir cantidad económica alguna por la operación.

Durante años, la mujer continuó residiendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos y no fue hasta 2017, tras recibir una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió la situación e inició acciones judiciales en Ponferrada (León), que permitieron incluso paralizar la subasta del inmueble.

El Ministerio Fiscal en su escrito reclamaba también la nulidad de la escritura firmada en 2011, con el objetivo de restituir los derechos de usufructo a la víctima.

Tras el reconocimiento de los hechos y la conformidad alcanzada entre las partes, el tribunal redactará la sentencia.